Frente a la persistencia de la crisis que aqueja a la industria, que se traduce en medidas de las empresas tendientes a reducir el costo en personal, el subsecretario de Industria y Comercio de la Provincia, Antonio Corona, advirtió que la ayuda que el Gobierno puede prestar es "mínima”, porque la situación se inscribe en el contexto nacional de retracción del consumo. "Se observa poco consumo y una fuerte competencia por toda la mercadería que ingresa desde el exterior prácticamente todos los días. El problema es de una coyuntura nacional, porque no hay consumo y la ayuda que pueda dar la Provincia es mínima”, es la síntesis de la visión de Corona, que incluye una defección. El funcionario, que acierta en la descripción de la escena nacional, es demasiado modesto cuando se refiere a la asistencia que la administración provincial está en condiciones de suministrar. "Mínima” o no, cualquier ayuda pecha en la situación actual, pero hay que señalar que concretarla dependerá de las prioridades que el Gobierno se fije y que, basta remitirse a los hechos, ni la industria ni la actividad productiva en general ocupan espacios prioritarios en la agenda de la gestión oficial catamarqueña; las prioridades son otras, y eso es también parte del problema.
Si bien no puede subestimarse el impacto de los obstáculos interpuestos por complicado el panorama nacional a la actividad económica, el Gobierno provinciano, a través del área específica de Industria y Comercio, tiene alternativas para revisar sus prioridades y, eventualmente, reformularlas para adaptarlas a lo que en definitiva planteó como uno de los propósitos centrales de su proyecto cuando asumió, allá por diciembre de 2011: generar condiciones para crear empleo genuino por fuera de una estructura burocrática estatal saturada. Las limitaciones a las que alude Corona han de ser sobre todo presupuestarias y esto no constituye novedad: los presupuestos pueden ser más altos o más bajos, fluctuar de un año a otro, pero invariablemente son limitados, finitos, y el Gobierno que los elabora y administra selecciona qué porcentaje destina a cada política, conforme a sus líneas generales de gestión. En esta instancia específica de recursos en baja, por las restricciones nacionales pero también por la caída de la renta minera, tan obvio principio administrativo cobra singular importancia, pues obliga a readecuaciones. Hay que decidir qué se considera de ineludible y urgente financiamiento, qué puede postergarse y qué es directamente prescindible, tarea que no por ingrata puede dejar de asumirse. Tal el problema que interpela al Gobierno, y a Corona, salvo que se pretenda reducir la gestión a la queja permanente y a la confesión de impotencias.
Hay además otras cotas, que provienen de decisiones tomadas sin considerar sus efectos presupuestarios a largo plazo, defecto que no es posible atribuir exclusivamente a la actual gestión. Se trata de los gastos fijos incorporados cuando las arcas eran más holgadas, rígidas imposiciones que ahora es imposible eludir sin pagar costos sociales y políticos enormes. A esto, que en parte es herencia recibida sin beneficio de inventario, se suma el desaprovechamiento de los vínculos institucionales para plantear ante la Nación los problemas estructurales que Catamarca tiene para desplegar su potencial productivo. En tal sentido, puede consignarse como un hecho emblemático la reapertura ficticia de ENCATA que se realizó en 2011, en vísperas de elecciones, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. La fábrica, parada desde 2008, volvió a cerrarse apenas ella se fue, para no abrir nunca más. Nótense las prioridades reveladas por el caso: lo principal era escenificar la reactivación, aunque tal reactivación no existiera.
