El pasado 3 de junio se llevaron a cabo en casi todas las ciudades del país marchas y concentraciones bajo el lema "Ni una Menos” contra los femicidios, en particular, y la violencia de género, en general. Las manifestaciones tuvieron una masividad notable, y lograron poner en la superficie de la consideración pública la problemática.
Las conclusiones de aquella jornada valoraron el éxito de la campaña, pero enfatizaron acerca de la necesidad de que el esfuerzo no haya sido en vano, y que la condena a la violencia de género no quede solo en lo testimonial, sino que se manifieste con acciones y decisiones tendientes a institucionalizar la lucha contra ese flagelo.
SI bien hubo algunas posiciones escépticas al respecto, los primero frutos prácticos de aquella jornada empiezan a verse.
El pasado 29 de junio, la Procuración General de la Nación dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. Según lo resuelto, la Unidad debería estar funcionando en septiembre.
La legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó, 8 días después de los actos, una ley que crea las Unidades Fiscales Especializadas en Violencia Doméstica. Y en la misma jornada se aprobó el proyecto para establecer la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre el 25 de noviembre y el 1º de diciembre de cada año, orientada a "intensificar las acciones que desarrollan habitualmente los organismos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres”.
En Mendoza el Ejecutivo provincial mandó a la Legislatura leyes que ordenan la creación de la Fiscalía Especial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género y el Observatorio de Violencia de Género y otra que habilita licencia por violencia de género para empleadas del Estado provincial. Además, se empezó a colocar pulseras magnéticas para monitorear a excluidos del hogar o violentos y se dispuso asesoría legal gratuita para las víctimas.
En Mar del Plata el municipio dispuso una serie de medidas, como la inauguración de la Casa de la Mujer y la entrega que de botones antipánicos para aquellas mujeres que sufren acoso por parte de ex parejas que tienen restricciones de acercamiento.
En Santa Cruz se trabaja en la reglamentación de la ley provincial de violencia y en la puesta en marcha de una Mesa Local de Violencia de Género, mientras que en Salta se formó una comisión bicameral para establecer el procedimiento de actuación judicial en la aplicación de la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres.
En Tucumán, la Corte de Justicia creó un registro de femicidios y casos de violencia de género y en Santa Fe se creó un centro de atención a las víctimas.
Se trata solo de algunas de las tantas repercusiones institucionales de aquella jornada de hace poco más de un mes.
La consolidación de este proceso de concientización y aplicación de medidas tendrá efectos positivos inmediatos y de mediano y largo plazo. Serán las pruebas de que "Ni una Menos” no fue solo una expresión pública de repudio a la violencia de género.
