la casta sindical dejó establecida la jerarquía de prioridades en Catamarca cuando de políticas educativas se trata, con una humillante derrota inferida al Gobierno. Concedieron una tregua en la reyerta permanente solo cuando les entregaron el botín que perseguían mixturado entre consignas reivindicatorias: la extensión del pago de las licencias gremiales para usufructo de los jerarcas del quinteto de sindicatos. El Estado pagará de 3 a 12, conforme al número de afiliados que tenga la organización beneficiaria. La angurria resulta inocultable. Por mucha ampliación de los derechos de los docentes que cacareen los capitanejos, lo real y cierto es que el único elemento que trababa el acuerdo era la negativa de parte del gabinete a poner el gancho a las licencias gremiales que a partir de ahora embucharán. Derrotadas las resistencias oficiales previa amenaza de no iniciar las clases luego del receso invernal, obtenida la canonjía, amainaron las beligerancias. Por estos trascendentes andariveles transita el diálogo educativo en una provincia que no atina a elevar el nivel de formación de sus jóvenes.
El rotundo triunfo de los gremios docentes tuvo, como no podía ser de otra manera con gente tan preocupada por la educación, resonancias pedagógicas. Tomaron atenta nota el resto de los sindicatos estatales, que como hongos han brotado al cobijo de una administración pública que admite como interlocutor a cualquiera que porte un sello. Si a los docentes les pagan hasta 12 licencias gremiales para disfrute de jefes y secretarios, ¿por qué habrían de negárselas al resto? Estas gangas también forman parte de la pregonada inclusión social, y han de considerarse, como propone el ministro José Ariza, variables adecuadas para medir la calidad educativa catamarqueña, que anda por el piso solo porque quienes la evalúan prefieren adoptar inauditos parámetros vinculados a los conocimientos en matemáticas y lengua.
En el mismo pedagógico sentido, los gremios docentes han ratificado la eficacia de un método que tanto vale para alzarse con licencias gremiales como para obtener pases a planta permanente o cualquier otra concesión de los circunstanciales administradores del erario: hay que redoblar el fervor extorsivo en etapas preelectorales, cuando las inquietudes por el eventual impacto en las urnas de cualquier medida se tornan más ominosas. Son las épocas, lo sabe cualquiera, más propicias para apelar a la generosidad presupuestaria por medio de paros, piquetes y amenazas. Los gobernantes se vuelven particularmente permeables a cualquier requisitoria en vísperas de elecciones.
Pero debe reconocerse como un mérito del sindicalismo docente una evolución del mecanismo, ya que en su caso se aplicó para conseguir una prebenda en forma desembozada, al punto que la aprobación de todo el Régimen de Licencias se subordinó a la cuestión de las licencias gremiales. Si en las manifestaciones de los sectores sociales más postergados muchas veces es muy difícil diferenciar lo que son las legítimas exigencias de los intereses de grupos de punteros y lúmpenes por lo general alentados por facciones políticas, en este caso era más que evidente que la presión obedecía pura y exclusivamente a las apetencias de los sindicalistas. De otro modo, ¿por qué no se habilitó el Régimen de Licencias sin el irritante, e injustificado, privilegio para quienes lo estaban negociando? Los pobres, los marginales, no tienen sindicato ni paritarias, de modo que la presión que ejercen en tiempos de campaña no carece de justicia poética: incordian a la casta política para obtener lo que en tiempos alejados de las urnas les retacean. El triunfo de los gremialistas docentes -que no son los gremios- se completa con la apropiación del método de los pobres que, por cierto, no cobran licencia gremial. Otro motivo para enorgullecerse.
