No es cuestión de escandalizarse en exceso, justamente en estos pagos, pero la pertinacia con que se utiliza la demagogia como cebo electoral indica lo lejos que se encuentra la casta política de asumir los gravosos costos estructurales que la práctica ha cargado sobre Catamarca. Objetado cuando lo instrumentan los adversarios eventuales, el recurso se justifica y promueve, bajo generalizadas consignas de tinte sensiblero, en cuanto se accede a la manipulación de cajas de fondos públicos. Es falso de toda falsedad, y está demostrado por una larga historia de postergaciones, que se procure la justicia social. Por el contrario, la demagogia supone la consolidación de un sistema clientelar que busca conformar bolsones de votos cautivos y en estado de dependencia, y alimenta una dinámica perversa en la que las presiones por dádivas se incrementan en las etapas preelectorales. Esta situación fue tornándose más clara desde los tiempos del "negocio del hambre" con las compras directas. Claro es también su carácter inconducente en términos de desarrollo social: los niveles de asistencialismo, lejos de retroceder, crecen, y el avance de la marginalidad es un fenómeno que solo una ceguera interesada puede negar.
La implementación de un nuevo sistema de becas de estudio en la Cámara de Diputados, a razón de $2.500 por barba, es el último indicio del lozano estado de la propensión demagógica, que no reconoce, por cierto, banderías políticas. Antes, el secretario de Vivienda y candidato a vicegobernador Octavio Gutiérrez había anunciado que el Estado comprará unas 11 hectáreas de la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), ubicadas en la esquina de Los Terebintos y San Juan Bautista, para entregarlas a quienes las usurparon, iniciativa que implicaría admitir el fracaso de la política de viviendas sociales que su propio Gobierno erige en eje de campaña, ya que, si fuera exitosa, ¿por qué motivo sería necesario legitimar ocupaciones ilegales? En la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en tanto, se pergeña una iniciativa para sistematizar los pases a planta permanente al margen de cualquier necesidad funcional, luego de que se rechazara un método de recategorizaciones similar postulado en el Concejo Deliberante, con idéntico espíritu demagógico, por la oposición. En este caso, las limitaciones presupuestarias aludidas para negarse a la pretensión opositora parecen haber desaparecido frente a la posibilidad de ganar el favor de los municipales y arrimar votos para los próximos comicios. El radicalismo no se privará de expresar su alarma por la utilización de recursos públicos con fines facciosos, pero poco margen de credibilidad le queda después de haber propiciado impracticables medidas como el salariazo docente, que hubiera quebrado a la administración pública de no mediar el veto gubernamental.
Lo dicho podrá resultar antipático para muchos sectores, pero es preciso subrayar las consecuencias que ha tenido para la provincia la práctica intensiva de la demagogia. El Presupuesto público debe destinarse casi íntegro al pago de salarios y la asistencia social, siempre en la cornisa, lo que no deja margen para planificar inversiones a largo plazo que permitan reconfigurar la estructura económica provincial y transformar el propio sistema estatal, cuya eclosión en áreas clave como la salud y la educación es manifiesta. Las dificultades para revertir esto son mayores porque no asoman en el mediano plazo fuentes generadoras de excedentes financieros como la que representó la renta minera, incinerada en la pira, precisamente de la lógica demagógica y clientelar.
