EDITORIAL

Perverso paradigma

viernes, 09 de enero de 2015 · 04:00
La información elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) correspondiente al tercer trimestre de 2014, confirma el cuello de botella en el que se encuentra el actual modelo económico, que en el último lustro se ha mostrado incapaz de repetir la performance de los años inmediatamente posteriores la crisis de 2001 en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuino.

El informe oficial, difundido recientemente, consigna la creciente incidencia del empleo público sobre el total de trabajadores registrados: uno de cada cinco asalariados en blanco del país pertenece al Estado. 

Las cifras incluyen a trabajadores de las administraciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, pero el mismo estudio explica que la mitad de los empleados públicos pertenecen a las plantas provinciales. El trabajo precisa que 815.649 puestos de trabajo corresponden al sector público provincial, 549.950 al sector público nacional, 118.503 al sector público municipal y 146.632 al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien es lógico que las provincias alberguen el grueso de los empleados públicos en la medida en que prestan los servicios de Educación, Seguridad, Salud y Justicia, también es cierto que el crecimiento del número de los trabajadores estatales obedece más a estrategias electorales –muchos cargos pagan de ese modo tareas militantes o sirven para mantener votos cautivos- que a la necesidad de mejorar el servicio público a la comunidad.

Catamarca presenta, en este sentido, características paradigmáticas. Es la provincia que presenta, en comparación con todas las jurisdicciones, el mayor excedente de empleados públicos. De acuerdo con un informe publicado hace pocos meses por la consultora NOANomics, a nuestra provincia le sobran 17.000 empleados, un 63% del total. Es decir, si la planta de empleados se redujese en esa proporción, el Estado podría seguir funcionando perfectamente, con un ahorro cercano al 20 millones de pesos por mes, que podrían ser volcados al sector productivo para la generación de empleo genuino.

El cálculo, por cierto, representa un ejercicio de imaginación impracticable, pues sería un despropósito reducir drásticamente el número de trabajadores estatales sin producir un altísimo costo social. 

Además, re direccionar los recursos que se utilizan para sostener empleos públicos innecesarios hacia el sector productivo no garantizan, ni mucho menos, que la misma cantidad de puestos se generen de manera inmediata en emprendimientos privados. 

Pero la conjetura ayuda a comprender la necesidad de ponerle un freno a los nombramientos masivos que consumen el presupuesto provincial hasta límites inconcebibles, robusteciendo al mismo tiempo el flujo de recursos destinados al aprovechamiento de las potenciales productivas.

Se trata de un proyecto de largo plazo, que debe tener continuidad pese a los cambios de gestiones gubernamentales. Es decir, una política de estado que rompa con el perverso paradigma vigente.

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