viernes 7 de octubre de 2022

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Editorial

Transgresión injustificada

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6 de agosto de 2014 - 06:04 Por Redacción El Ancasti
Si hay un rol que el Estado no puede resignar bajo ningún punto de vista es el de preservar el estado de derecho. Es decir, no debe ceder a la tentación de ser permisivos con la ilegalidad.

Esta expresión, que puede considerarse, con razón, una verdad de Perogrullo, no resulta de tanta obviedad si se considera que a diario se transgreden normas ante, por lo menos, la pasividad estatal.

La introducción resulta procedente a raíz de la protesta llevada a cabo el lunes por un grupo de vecinos de las calles 9 de Julio, Santa Fe y otras ubicadas en las proximidades del Cementerio Municipal. Se trata de personas que organizaron un piquete frente a las oficinas de la Empresa Energía Catamarca SAPEM  para demandar que los técnicos les reconecten el servicio que les habían quitado en virtud de estar "colgados" de las redes que suministran el servicio de electricidad.

Cumpliendo con una responsabilidad elemental de la empresa de energía, los trabajadores de la empresa procedieron a "descolgar” a los infractores, que, por lo visto, sintieron insólitamente que se vulneraban sus derechos. Habitualmente la tarea se realiza con algunos inconvenientes, a causa de la resistencia de los clandestinos, por lo que suelen actuar acompañado por efectivos policiales, pero esta vez sorprendió que los "damnificados” decidieran realizar una protesta pública.

En ocasiones puntuales, determinadas transgresiones suelen justificarse porque actúan, aunque al margen de la normativa vigente, como reparadoras de un mal mayor que la propia transgresión. Con esa lógica es que se toleran, por ejemplo, los cortes de ruta o de arterias, si es que la molestia que ocasiona se justifica por la situación de injusticia que afecta a un colectivo determinado.

Tal vez, si el costo de la energía fuese exorbitante para los sectores de bajos ingresos y no hubiese medidas administrativas tendientes a facilitar el acceso al servicio para este grupo de personas, la infracción podría ser vista de otra manera. 

Pero se sabe que la tarifa está subsidiada por el Estado y que, además, rige en Catamarca, y en el resto del país también, la tarifa social, que reduce el precio de la energía eléctrica a menos de 50 pesos por mes. De modo que la legitimidad del reclamo en este caso no existe. Y así lo entendieron en la empresa, que además de negar la reconexión, orientó a los manifestantes respecto de la manera de normalizar, ya dentro de la legalidad, el suministro de energía domiciliaria.

En realidad, lo que parece motivar la realización de estas protestas es la propensión del Estado –en este caso se trata de una empresa de servicios con participación mayoritaria del sector público- a ceder ante cualquier protesta con cierta visibilidad social, al margen de que la demanda sea justa o simplemente una maniobra extorsiva.

Cuando suceden casos del segundo orden, si las autoridades atienden el reclamo otorgando los beneficios exigidos, lejos de propiciar un acto de justicia, lo que hace es convalidar un acto injusto, pues la ayuda otorgada a alguien que no la necesita, en virtud de que los recursos son escasos, es la que muy probablemente se la va a negar a quien efectivamente la precisa.



Es preocupante la propensión estatal a ceder ante cualquier protesta con cierta visibilidad social, al margen de que la demanda sea justa o una maniobra extorsiva. 

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