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CARA Y CRUZ

Un desafío para la militancia

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12 de agosto de 2014 - 06:00 Por Redacción El Ancasti
En torno al fenómeno de las usurpaciones -el director de Catastro calculó ayer que alrededor de 5.000 familias ocupan terrenos y viviendas en forma ilegal en la Capital- aparecieron en las últimas semanas fuertes indicios sobre la existencia de una trama delictiva y clientelar montada sobre las necesidades de la gente, con la misma concepción canalla que alumbró el "negocio del hambre" con las compras directas en el área de acción social. La propia gobernadora Lucía Corpacci, que ante reclamos por viviendas recomendó "no usurpar", deslizó sospechas sobre oscuros intereses detrás de las ocupaciones masivas. Dijo la mandataria que a los usurpadores "alguien les cobra". "Son intereses particulares de gente que cobra por esos terrenos. Aunque parezca mentira, mucha de esa gente paga, aunque no lo digan. No se animan a denunciar y se necesita una denuncia formal", expresó cuando un nuevo asentamiento se consolidaba a la vera del Río del Valle, en el Camino de la Virgen. Días después, el desalojo por orden judicial de una mujer y su familia de un terreno en el norte que está en proceso de expropiación por parte de la Municipalidad capitalina detonó un piquete de protesta en la avenida Los Terebintos. La mujer desalojada había sido instigada a la usurpación por una conocida puntera de la zona.






Estas maniobras tienen su correlato en las usurpaciones de campos, que proliferan y son gestionadas por pandillas de malandras que no lucran ya con lo que pueden sacarles a los necesitados, sino que buscan los beneficios que pudieran surgir de los interminables litigios judiciales que deben iniciar los damnificados; lisa y llana extorsión, que se ejecuta con total impunidad en una provincia donde nadie se ha puesto seriamente a pensar en alternativas para salvar un conflicto en expansión permanente. De lo que quedó expuesto en el desalojo del norte y de las expresiones de la Gobernadora surge un desafío que la militancia social, que tantas loas gratuitas y pronunciamientos arroja, podría asumir. Si la propia Corpacci ha denunciado públicamente que hay "intereses particulares" que operan detrás de las usurpaciones, intereses a los que las víctimas "no se animan a denunciar", bien podrían las estructuras militantes que se precian de caminar la calle descubrir y denunciar a quienes se aprovechan de los pobres. No se trata, por cierto, de una metodología nueva. En los albores de la gestión kirchno-peronista, Fiscalía de Estado denunció en sede judicial a varios autotitulados punteros que se quedaban con un porcentaje de los planes sociales que gestionaban a cambio de no darles de baja, potestad que, es obvio, sólo podían tener si contaban con cómplices en los organismos que abonaban los beneficios. No hubo novedades después, como tampoco las hubo sobre las denuncias de otras manipulaciones con los sistemas de asistencia social como los vales Pro-Familia. Pues bien, he aquí un objetivo a perseguir para tanto militante de "Unidos y Organizados" como hay, más noble y provechoso que nutrir columnas para los actos proselitistas: desnudar las matufias con las usurpaciones. El contacto permanente con la gente que dicen tener les proporcionará una información preciosa para avanzar en tal sentido y, de paso, contribuir al trabajo de la Secretaría de Vivienda y el IPV, que a pesar de los miles de casas y mejoramientos habitacionales que promocionan no le encuentran la vuelta a este asunto de los asentamientos. 







Gran malestar produjo entre los empleados de la Cámara de Diputados la resolución interna 109, del 7 de agosto, que dispone "el uso exclusivo de los ascensores ubicados en el Palacio Legislativo para los señores legisladores, personas discapacitadas o adultos mayores", a raíz del "congestionamiento". No se objeta que las personas discapacitadas y los adultos mayores utilicen los ascensores, sino que se les otorgue tal privilegio exclusivo a "los señores legisladores", como si las gangas que ya tienen no fueran suficientes. 
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