jueves 2 de febrero de 2023

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EDITORIAL

La foto con Boudou

Un revuelo y numerosas versiones encontradas originaron la noticia de que la presidenta de la Nación, ...

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Por Redacción El Ancasti
Un revuelo y numerosas versiones encontradas originaron la noticia de que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, no encabezaría los actos por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán.

Es que su ausencia provoca que la máxima autoridad presente en la celebración sea Amado Boudou, que acaba de ser procesado por la Justicia en el marco de la causa Ciccone.

Luego de muchas dudas, y, se especula, de protestas solapadas de dirigentes tucumanos que no quieren una foto al lado del vicepresidente caído en desgracia, finalmente se confirmó que será él quien presida la celebración. La noticia generó, al mismo tiempo, que mandatarios de otros países latinoamericanos que pensaban asistir a la conmemoración, optaran por desistir de tal cometido.

En los círculos íntimos del Gobierno nacional aseguran que la Presidenta sigue "bancando” a Boudou y que no le soltará la mano, lo cual resulta razonable en la medida en que la Justicia, si bien tiene elementos suficientes para inferir alguna participación del vicepresidente en maniobras irregulares, no lo ha condenado aún.

Pero la enfermedad de Cristina de Kirchner obliga a tomar decisiones respecto del rol institucional que debe jugar Boudou. En principio, según lo que puede observarse, la idea que prevalece es evitar, en la medida de lo posible, que tenga demasiada visibilidad oficial. Como se dijo, nadie quiere la foto con Boudou.

De hecho, se advierte que se toman decisiones sobre la marcha a los efectos de no permitir que asuma, ni siquiera por lapsos cortos, al frente de la Presidencia de la Nación. La primera mandataria sigue trabajando desde la residencia presidencial y, además, canceló dos veces un viaje a Paraguay, con el propósito de impedir que se activen los mecanismos de sucesión.

La oposición aspira a la renuncia de Boudou o a que su suerte se defina en un juicio político. El oficialismo no habilita tales opciones, pese a que contradice la postura kirchnerista respecto de Mauricio Macri, también procesado en la causa por espionaje en la que irá inevitablemente a juicio oral y público.

Entre la postura opositora del juicio político o la renuncia -que seguramente no prosperará debido a la ausencia de voluntad de que suceda, en el primero de los casos, y de la insuficiencia de números para imponer esa medida en el Congreso- y la posición predominante por ahora en el oficialismo de preservarlo, se abren vías alternativas.
Una de ellas es que el vicepresidente de la Nación pida licencia en su cargo, con lo cual aliviaría la tensión que existe cada vez que la Presidenta no puede, por razones de salud o de agenda, cumplir con un compromiso institucional. 

Más allá del costo político que puede ocasionar provocar que el segundo en la línea de sucesión presidencial se aleje temporalmente del cargo hasta tanto se aclare su situación en la causa judicial, el Gobierno nacional debería entender que descomprimir la situación política e institucional por esa vía no es condenar de antemano a nadie, sino despejar el camino para que la Justicia, sin prejuicios ni presiones, cumpla con su función republicana.
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