jueves 2 de febrero de 2023

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EDITORIAL

Sin excusas

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Por Redacción El Ancasti
En ediciones pasadas, El Ancasti recordó en un excelente informe especial la historia de un niño de 10 años que padece de una adicción a sustancias psicoactivas. Se trata de un menor de edad, casi sin referencia familiar, que padece de muchas necesidades afectivas y materiales, al punto que confesó que cuando se droga imagina comida y juguetes.

La Dirección de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social tomó intervención en el caso y diseñó una estrategia para asistirlo y contenerlo, pero sin resultados favorables.

La historia del niño es similar a la de muchos. A la de demasiados. Y no hay ámbitos en condiciones de recibir a niños de esa edad, porque la edad de admisión para los tratamientos en centros especializados es a partir de los 15 años, aproximadamente. 

El Estado genera dispositivos especiales para el seguimiento de los casos, pero a los diez u once años, el rol más importante lo cumple la familia del adicto. El problema es que, como en el caso mencionado, esa referencia familiar muchas veces no existe. O, si existe, no está en condiciones de contener al menor de edad. 
De todos modos, para el caso de los adolescentes, que sí tienen la edad suficiente para recibir un tratamiento especializado, el Estado, si bien cuenta con calificados recursos técnicos, carece de los recursos materiales o económicos necesarios.

Hay, además, un déficit de comunicación entre las áreas involucradas de los ministerios de Salud y Desarrollo, lo que complica el abordaje de los casos más complejos. 

Así planteada la problemática, y desde una perspectiva deshumanizada y economicista, se infiere que al Estado le resulta más barato que los menores de edad consumidores comiencen con su adicción a temprana edad, porque no se hace cargo directamente del problema. 

Y si sobreviven a la adicción y llegan a la adolescencia, es ya muy probable que sean chicos "en conflicto con la ley” o, incluso, "judicializados”, que son situaciones siempre más "económicas” que la aplicación de un sistema de protección integral con los recursos necesarios.

El Estado también defecciona en lo relativo a los controles, en la medida en que los psicofármacos se venden como caramelos y los pegamentos están al alcance de los niños en cualquier ferretería o almacén.

El camino que transita el niño desde la adicción temprana hasta la delincuencia precoz es casi inevitable. Y abona, lamentablemente, la tendencia autoritaria que, sin hacer foco correctamente en el problema, pide mano dura a las fuerzas de seguridad y a la Justicia en contra de los menores de edad en esa situación de vulnerabilidad.

Quizás la clave sea abordar el problema desde la prevención, consolidando la aplicación de políticas activas que eviten el comienzo del pernicioso camino de la vulnerabilidad a la droga, primero, y de la droga a la delincuencia, después. 

Pero hasta tanto estas políticas surtan efecto, el Estado tiene la obligación de asistir a los niños y adolescentes adictos, sin que medien excusas de orden económico.


El camino que transita el niño en situación de vulnerabilidad desde la adicción temprana a las drogas hasta la delincuencia precoz es casi inevitable. 

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