lunes 30 de enero de 2023

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EDITORIAL

Defección proverbial

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Por Redacción El Ancasti
Según ha trascendido por boca de legisladores que responden al oficialismo, existe en el Ejecutivo la decisión de impulsar un proyecto para la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia provincial.

El vocero fue el senador oficialista Marcelo Cordero, luego de una reunión que la propia Gobernadora mantuvo con los diputados y senadores afines a su proyecto político.

Al parecer, en ese encuentro la primera mandataria provincial les pidió a los diputados afines que avancen con el tratamiento del proyecto de ley de las PASO provinciales, y a los senadores que hagan valer la mayoría que ostentan al momento de tratar la modificación en la integración del máximo órgano de justicia.

La iniciativa, en caso de que se concrete, deberá transformarse en un proyecto de ley que será presentarse en el Senado provincial. El propio Cordero anunció que aún no se sabe si la propuesta promoverá una Corte con cinco o con siete miembros, en lugar de los tres con los que cuenta en la actualidad.

Es cierto que, luego de las declaraciones públicas del senador de Paclín, desde Casa de Gobierno se deslizó que la ampliación de la Corte no es un tema prioritario, y que no está en la agenda política inmediata. Pero, en rigor, se sabe que el tema se conversó en aquel encuentro, y que, en todo caso, el legislador pecó de "bocón” al revelar lo analizado.

No se han conocido aún los argumentos de la eventual iniciativa desde una perspectiva institucional. Pero desde una mirada política es de púbico conocimiento que en el Frente para la Victoria creen que es una Corte adicta al Frente Cívico y Social. Para fundamentar tal aseveración recuerdan que la última incorporación al cuerpo, efectuada durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, fue la de Raúl Cipitelli, ministro de Gobierno de aquella gestión.

Lo llamativo es que ya existía un proyecto de ley en el mismo sentido, presentado por el anterior senador por el departamento Paclín, Edgardo Agüero. Incluso tenía media sanción de la Cámara alta, pero durmió el sueño de los justos en la Cámara de Diputados y fue archivado. 

El tema de la modificación del número de miembros de las cortes de justicia más por razones de índole política que por argumentos orientados a mejorar la prestación del servicio de justicia, es una constante.

En el ámbito nacional, se recuerda la ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve miembros promovida por el expresidente Carlos Menem en 1990, con lo que logró lo que se denominó la "mayoría automática”, que le permitía tener una Corte proclive a resolver favorablemente a los intereses del gobierno nacional cualquier controversia.

Pretender que el debate sobre cuestiones vinculadas al funcionamiento de la Justicia no tenga ninguna contaminación con los vaivenes de la política es una utopía. Pero limitar la estrategia de reforma de la Justicia o de su máximo órgano a intereses políticos constituye un severo error que, más temprano que tarde, se paga caro en credibilidad ante la ciudadanía.

Sería bueno que esta defección tan proverbial en nuestra dirigencia se tenga en cuenta si es que finalmente prospera el proyecto de ampliación de la Corte provincial.
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