miércoles 20 de marzo de 2024
EDITORIAL

Mandato innegociable

Por Redacción El Ancasti

El 7 de mayo de 1813 la Asamblea Constituyente sancionó la primera Ley de Fomento Minero, que tenía como objetivo principal promover medidas orientadas al impulso de la exploración y la explotación de las riquezas minerales en nuestro país. 

A causa de aquella legislación fundacional, concebida en los orígenes mismos de la Argentina -sancionada incluso antes de la declaración de la independencia-, en nuestro país se celebra cada 7 de mayo el Día de la Minería.

Resulta casi una obviedad mencionar que Catamarca es un territorio rico en minerales. Y fue precisamente en esta provincia, en comparación con el resto del país, donde la actividad cobró mayor impulso en el siglo XIX, sobre todo en el departamento Andalgalá, al punto que una colección de minerales metalíferos de este departamento provincial obtuvo, en 1872, el primer premio en el marco de la Exposición Internacional de Minería realizada en Viena.

Pero no fue sino hasta un siglo después que la gran minería llegó a la Argentina, y también a Catamarca. Desde mediados de la década del ‘90 se explota el yacimiento de oro, cobre y molibdeno de Bajo de la Alumbrera. En casi dos décadas de explotación, la provincia y el país, por aportes directos e indirectos, se beneficiaron con ingresos que se cuentan en miles de millones de dólares.

Solo para el corriente año, en materia tributaria el proyecto aportará ganancias por un valor de 160 millones de dólares; 117 millones de dólares en derechos exportables; y 22 millones de dólares en regalías.

Por su parte, en concepto de pago de utilidades a la empresa YMAD (Yacimientos Mineros Agua del Dionisio) -que integra la provincia de Catamarca como socia del proyecto- aportará aproximadamente 95 millones de dólares. 

Además, debe contabilizarse el impacto que significa la generación de empleo, que se contabiliza en 2.500 puestos de trabajo de manera directa y 5.000 de manera indirecta.

Sin embargo, el ingreso multimillonario que la megaminería le reportó a la provincia en este período no ha tenido -por criterios desacertados en la administración de los recursos, sobre todo por parte de los municipios más beneficiados- el impacto esperado.Tal situación, sumada a la campaña contra la actividad desarrollada por grupos ambientalistas, ha deteriorado en los últimos años lo que se conoce como la "licencia social” de la minería, que es el respaldo "intangible”, y consecuentemente difícil de mensurar, que la actividad recibe por parte de la comunidad en la que se desarrolla.

De todos modos, no se puede juzgar a una actividad por la mala utilización de los fondos que genera. Sobre todo en provincias como la nuestra, en las que la riqueza mineral del suelo tiene que traducirse en motor de desarrollo.

Para lograr ese objetivo, es imprescindible entender que los recursos que se obtienen de la minería, que, aunque abundantes, son finitos, deben aplicarse para generar infraestructura orientada al desarrollo de nuevas oportunidades productivas y de desarrollo.Catamarca, que se encuentra en una etapa de transición, pues se apresta al cierre de un mega-proyecto para encarar otro nuevo, debe establecer ese criterio de sentido común como un mandato innegociable, que trascienda a los sucesivos gobiernos provinciales y municipales. 


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