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Editorial

La explotación invisible

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30 de mayo de 2014 - 06:00 Por Redacción El Ancasti
En los últimos días se conoció una denuncia por trata de personas radicada en la Justicia Federal de Catamarca. Las presuntas víctimas son dos mellizas que fueron criadas por una familia radicada en Recreo. 

El fiscal federal deberá investigar si las jóvenes -ahora tienen 20 años, pero fueron llevadas a vivir con la familia en cuestión cuando tenían 9- fueron adoptadas legalmente y, además, si fueron explotadas laboralmente. 

Más allá de este caso particular, que deberá ser esclarecido, la causa puso nuevamente en primer plano el tema de la trata de personas, pero desde una perspectiva particular. Concretamente la que se refiere a las situaciones de explotación doméstica de menores, que son muy recurrentes, y hasta justificadas por una larga tradición, pero que hasta hace muy poco permanecían invisibilizadas como un acto que vulnera derechos elementales.

El año pasado, precisamente, el tema abordado en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue el del trabajo doméstico. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que el trabajo doméstico de niños y adolescentes es una actividad oculta que "está naturalizada como parte de la cotidianeidad y porque tiene una larga tradición” y que "muchas veces no se considera trabajo, por ello redunda en trabajo no registrado, sin remuneración o muy escasa y sin el reconocimiento de los derechos sociales”.

Es una labor que suele tener jornadas de trabajo extensas y con límites temporales difusos. Además, provoca desarraigo, expone a los menores a accidentes domésticos de alto riesgo y atenta contra su desarrollo integral, entre otros perjuicios.

La práctica es muy común en Catamarca. Pero sucede que las víctimas de la explotación suelen ser llamadas "criaditas”, generalmente traídas del interior con el consentimiento de sus padres, que no pueden mantenerlas por dificultades económicas o problemas de índole familiar.

Las familias "adoptantes”, aunque raramente se hagan los trámites legales correspondientes, las incorporan a sus hogares, pero sin el status de miembro de la familia, pues realizan diversas tareas, habitualmente las domésticas, a cambio no de un salario, sino de casa, comida y, probablemente, estudios primarios o secundarios.

En la actualidad el Estado tiene un rol más activo en la detección de estos casos. El desafío no es solo concientizar acerca de que la situación de estas personas -niñas o adolescentes- se encuadra dentro de lo que se entiende como explotación infantil o trata de personas, aunque no lleguen a la gravedad de los casos extremos, en los que se presentan regímenes de semi-esclavitud y promoción de la prostitución. También lo es arbitrar las medidas para, eventualmente, lograr el retorno de las víctimas a sus lugares de origen.

No se trata, por cierto, de una mera resolución administrativa. Es preciso generar condiciones sociales que permitan que las familias de origen tengan la posibilidad de gozar de medios de vida dignos, que pongan un freno a la necesidad de entregar a sus hijos para que sean criados en el desarraigo y la explotación.

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