lunes 18 de marzo de 2024
|| CARA Y CRUZ ||

Peligrosos cortocircuitos

El lunes pasado, el Tribunal Oral Criminal Federal.....

Por Redacción El Ancasti
El lunes pasado, el Tribunal Oral Criminal Federal condenó a Diego Varela y Margarita Quiroga por "tenencia simple” de drogas, pero suspendió el cumplimiento de las penas de prisión impuestas. Habían llegado al juicio imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, pero la acusación se atenuó debido a dudas sobre las pruebas recogidas durante el allanamiento en el que fueron detenidos, realizado por la División de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia el 29 de julio de 2011. La revisión de la acusación y la suspensión de las penas obtenidas por los abogados repone el debate sobre la necesidad de sintonizar el accionar de la Policía provincial con el de una Justicia Federal que carece de la cantidad de efectivos y la infraestructura idónea para combatir el narcotráfico. El problema es que la Policía provincial tampoco cuenta con la tecnología para obtener elementos que garanticen condenas contundentes contra quienes comercializan drogas. En este caso, a los abogados les alcanzó con subrayar que durante el allanamiento no hubo testigos que dieran cuenta de que la droga secuestrada estaba en poder de los acusados y que tampoco quedaba claro si un teléfono celular en el que se habían encontrado mensajes comprometedores pertenecía a uno de los acusados o a su hijo. Esto bastó para generar dudas en el Tribunal, que por unanimidad decidió desestimar el planteo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, que había solicitado prisión efectiva de 4 años y medio para el hombre y de dos años en suspenso para la mujer.



No es la primera vez que operativos antidrogas de la Policía provincial concluyen con los detenidos liberados porque las pruebas son consideradas insuficientes. Fuentes policiales explican que cerrar una causa por drogas es muy complejo desde el punto de vista de las pruebas. Es necesaria una tarea de inteligencia que incluye seguimiento sostenido sobre los sospechosos, con filmaciones y grabaciones autorizadas por la Justicia Federal y testigos que garanticen que los estupefacientes secuestrados están en efecto en poder de los detenidos. Drogas Peligrosas no tiene los elementos para llevar adelante esta misión en forma idónea. Lo que se hace por lo general cuando se tiene certeza de que en un lugar se venden drogas, es montar un operativo por otros delitos como el robo, para "encontrar” en él las drogas y secuestrar celulares sobre las cuales se efectúan peritajes para hallar comunicaciones valiosas para la causa. Luego, todo pasa a la órbita federal, donde empiezan a saltar las deficiencias. 



En octubre del año pasado, El Mirador Político de El Ancasti consignó el problema. "Los Tribunales Federales requieren para los juicios que esté comprobada no sólo la existencia de la droga en un lugar determinado, sino su comercialización. Es decir: tiene que haber pruebas de que un sujeto vende y otro le compra, pruebas que no es posible obtener sin un trabajo de inteligencia previo que lleva por lo general mucho tiempo y demanda filmaciones, fotos y escuchas telefónicas, entre otras cosas. Drogas Peligrosas no tiene equipos suficientes para cubrir semejantes exigencias jurídicas. Las dificultades se superan a veces, pero resulta cada más difícil a medida que los traficantes se insertan en las barriadas, reclutan distribuidores y cimentan solidaridades. Este presente de carencias para atacar la oferta y la demanda de estupefacientes es conocido. Sin embargo, no parece inquietar a los responsables de revertirlo”.



Sintonizar el accionar local y federal en el combate contra las drogas es imperioso. Después de la condena en suspenso a los dos acusados de tráfico, se dieron dos acontecimientos sintomáticos de cómo se está instalando el delito del narcotráfico y sus violentas metodologías. Se sospecha que el asesinato de un joven de 24 años en Recreo, ultimado a puñaladas, está vinculado con una deuda de estupefacientes. El homicidio fue el sábado pasado. El mismo día la policía arrestó a 56 mayores y demoró a 17 menores, integrantes de dos pandillas que se habían desafiado a pelear en la zona sur. Una de las hipótesis es que la disputa era por territorios para la venta de drogas.
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