La indignación se
instaló rápidamente en la opinión pública, y con mayor fuerza a través de las
redes sociales: un fallo de la Justicia Federal dispuso que los presos y las
personas libres tengan los mismos derechos laborales. Esto es, en ambas
situaciones deben gozar de sueldo mínimo, vital y móvil, aguinaldo, vacaciones,
feriados ART, aportes jubilatorios y desarrollar sus tareas en determinadas
condiciones de higiene y seguridad. El fallo fue firmado la semana pasada por
los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma,
Alejandro Slokar y Pedro David, y si bien sería de aplicación casi automática
para los internos que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ya que el
reclamo original partió de un preso alojado en el Complejo Penitenciario I de
Ezeiza, en los hechos podría desencadenar una avalancha de reclamos similares en
las cárceles provinciales y posibilitaría que el sindicato de presos (SUPLA)
logre que todos los reclusos cobren aguinaldo y vacaciones. La resolución de la
Cámara de Casación Penal advirtió que la lucha contra la inseguridad solo será
posible si se brinda empleo a los reos. Y hace hincapié en el principio
constitucional de "igual remuneración
por igual tarea" para las personas privadas de su libertad.
El juez Slokar, en el
voto principal, indicó que "para
cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares, entre
otros, el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre,
con todos sus alcances (asignaciones familiares, obra social, cobertura frente
a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del
principio de progresividad". "En
este ámbito, como en el medio libre, nunca es tan necesario recordar el eterno
adagio: el trabajo digno dignifica al hombre", afirmó el
magistrado, quien agregó que "enfrentar
las inseguridades es combatir a la par la inseguridad civil y la inseguridad
social". Más allá de los argumentos legales, este fallo ha
producido una reacción visceral en la gente, y en particular entre los
trabajadores, que entienden que no pueden ser considerados en igualdad de
condiciones quienes trabajan y reciben una remuneración en el marco del respeto
a la ley y las normas de convivencia social, que aquellos que deben cumplir una
condena por haber cometido delitos de cualquier índole. "En Holanda cada
preso tiene que pagarle el Estado y acá estamos nosotros costeándole la
manutención y encima un sueldo a gente que ha cometido un delito", lamentó
la filósofa Diana Cohen Agrest. Y la madre de
Ezequiel, un joven asesinado durante un robo en 2011, se quejó por TV en estos
términos: "Acá estamos hablando de principios de igualdad ante la
ley, y en realidad este principio ya fue trasgredido por quien se encuentra
preso porque mató, violó, destruyó una familia. Ya no le corresponde la
igualdad ante la ley".
Un jubilado en
Argentina cobra un haber mínimo de 3.231 pesos, luego de haber trabajado y
aportado más de la mitad de su vida. A una madre que no trabaja el Estado le
paga 644 pesos por mes por cada hijo menor, a través de la Asignación Universal
(AUH). El sueldo mínimo de un trabajador, a diciembre de 2014, es de 4.400
pesos; se considera que trabaja 8 horas diarias o 48 semanales. Un preso, de
acuerdo con aquel fallo de la Justicia, debería cobrar al menos lo mismo que un
trabajador activo. El caso se agrega a la polémica generada por otro tema
espinoso: el proyecto que presentó la diputada kirchnerista María Rachid en la
Legislatura porteña para otorgar un subsidio mensual de $7.680 a las personas
trans mayores de 40 años y que no tengan ingresos superiores a $22.400. No es
la única iniciativa de ese tenor: otra kirchnerista, la diputada Diana Conti, presentó un proyecto de ley similar en el Congreso nacional que busca
resarcir a personas trans que hayan sido víctimas de violencia institucional.
Esta medida les otorgaría una pensión graciable equivalente a la remuneración
de la categoría D (nivel 0) de la planta permanente estipulada por el Sistema
Nacional de Empleo Público, que se acerca hoy a la suma de $ 7.500, cifra que
aumentaría un 30 por ciento si la persona fue víctima de violencia sexual. Así
están las cosas hoy en Argentina. Un subsidio puede ser más alto que un sueldo
y una jubilación. El trabajo vale cada vez menos.
