Lo confirmaron
tanto la EC SAPEM como el Ente Regulador: a partir del primer día de 2015, los
catamarqueños deberán pagar más por la energía que consumen. Esto se debe a que
el 31 de este mes vence el acuerdo de convergencia que suscribieron el Gobierno
nacional y las provincias para congelar las tarifas eléctricas. Dicho en otros
términos, se terminan los subsidios de Nación en las tarifas, porque, según
argumenta, necesita esos fondos para financiar obras de infraestructura. El
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo puso de otro modo: a partir de enero
próximo, los gobiernos provinciales recuperarán su potestad de determinar en
forma autónoma el valor de las tarifas eléctricas. Es decir, si tienen voluntad
y espaldas suficientes, podrán seguir subsidiando el consumo de sus usuarios o,
de lo contrario, deberán trasladarles la tarifa plena, libre de auxilios
oficiales. Que los usuarios de Catamarca paguen más o lo mismo por la energía
es una cuestión que deberá resolver la administración Lucía Corpacci. No es
simple. Para atenuar el impacto sobre las familias, el Gobierno debería diseñar
una ingeniería financiera que le permita reasignar recursos de otras áreas, por
cuanto, en principio, el presupuesto para el año próximo no contempla este
gasto. Y de hecho los ingresos previstos están más que ajustados.
***** Cómo se
prioriza el gasto público en la provincia es responsabilidad exclusiva de
quienes gobiernan. Por caso, si el Gobierno decide seguir financiando el
despilfarro en las cámaras legislativas, en los concejos deliberantes y en
municipios irresponsables, entonces no habría que sorprenderse por un casi
seguro tarifazo eléctrico. La Cámara de Diputados, por ejemplo, está
presionando al Poder Ejecutivo para que le afloje 40 millones de pesos más para
el presupuesto de 2015. Según alegan en la alianza radical-barrionuevista, el
39% de incremento previsto para el próximo ejercicio es insuficiente. La nómina
de personal presupuestada asciende a casi 1.600 empleados, entre permanentes,
contratados y planta política, frente a los 900 empleados totales que declaró
el Senado provincial. En verdad, en Diputados quedó demostrado en estos meses
que no hay presupuesto que aguante para sostener semejante estructura de gasto
político, que además de sueldos se alimenta de viáticos, becas y otros rubros
que podrían ser perfectamente acotados en función de la situación de vacas
flacas que se vive en la provincia. Pero de los diputados, está visto, es
inútil esperar ejemplos de austeridad.
***** Igual
consideración merece el Concejo Deliberante capitalino, donde el aumento del
clientelismo político traducido en nombramientos de punteros y viajes
superfluos pagados con recursos del erario han devenido en la nota saliente de
la actual gestión. Una gestión que, paradójicamente, desembarcó con la promesa
de desterrar las prácticas de la vieja política. Tampoco fueron mejores
municipios como Tinogasta, que destina –o destinaba hasta hace un mes- 200.000
pesos mensuales sólo para combustible y lo justificaba como imprescindible y
razonable. Toda esa formidable cantidad de fondos públicos malgastados es la
causa principal del ahogo financiero del Estado. Nada es gratis. El dinero que
la política despilfarra es dinero que se quita de la mesa de los catamarqueños.
En consecuencia, como no hay recursos suficientes para compensar la quita de
subsidios a la energía, los usuarios no tendrán más remedio que pagar más caro
el servicio a partir del año próximo. Es solo un ejemplo, pero alcanza para ilustrar
por qué razón gobernar es establecer prioridades. Si en cada uno de esos
ámbitos donde se administran recursos públicos imperara un criterio de
solidaridad y racionalidad, no habría necesidad de ajustar por el lado de la
gente. Por ello, el Gobierno no puede ser cómplice de la irresponsabilidad.
