El acostumbrado balance político que se ensaya cada fin de año coincide ahora con el tercer año del kirchno-peronismo al mando de la Provincia. Cada sector destacará en la contabilidad los hechos que estime más pertinentes en línea con sus pretensiones, más aún por la cercanía del proceso electoral, con resultados para nada sorprendentes: 2011-2014 será un trienio plagado de conquistas para el oficialismo; un período lamentable para un FCS que aspira a asentarlo en los anales como una fugaz interrupción de la gesta radical iniciada en 1991. Entre ambas interpretaciones extremas, se asoman severos problemas para reconfigurar la estructura del gasto público para atender frentes de gestión críticos. Sea porque en realidad no tenga intenciones de hacerlo, o porque la relación de fuerzas, principalmente en el Parlamento, condiciona su voluntad política, lo cierto es que el Gobierno no ha logrado quebrar una inercia presupuestaria que retacea recursos humanos y económicos a áreas sensibles, para responder a las demandas de una administración pública saturada, caótica en su estructura y régimen salarial, y las presiones de la casta política, que se tornan más enfáticas en períodos preelectorales como la que se atraviesa.
Los efectos de esta distorsión crónica de las prioridades, asentada en décadas de ejercicio, se ha vuelto especialmente evidente en las áreas encargadas de garantizar la seguridad, la salud y la educación. Seguridad y salud pública se ligan dramáticamente en el flagelo de las drogas, cuya incidencia en el incremento del delito y su expansión en Catamarca resulta a esta altura innegable. El discurso oficial destaca los operativos contra el tráfico de estupefacientes, pero la Provincia carece de una estructura sanitaria idónea para el tratamiento de los adictos que alimentan con su consumo el circuito del narcotráfico. Las deficiencias en el tratamiento de las adicciones vuelven infructuosos los esfuerzos y eventuales logros en lo que hace a la represión del tráfico. Por mucho dinero que se destine a las fuerzas de seguridad para lidiar con los traficantes, la venta de drogas seguirá creciendo en la medida que exista un universo significativo de adictos que la demanden. En este sentido, mientras se discute con entusiasmo un incremento de las partidas para el Poder Legislativo del orden de los 100 millones de pesos, la Subsecretaría de Adicciones quedó acéfala debido a la renuncia de los funcionarios por falta de presupuesto y recursos humanos. Salud ni siquiera ha logrado montar un mecanismo eficaz para controlar la comercialización de psicofármacos en las farmacias. El de las adicciones es el costado más vulnerable de la cartera de Salud, en la que aparte son notorias las fallas en la atención de los centros de salud del interior. El caso de la mujer fallecida como consecuencia de un ACV, que no recibió la atención adecuada en el minihospital de El Rodeo, fue una muestra cabal de este problema.
En lo que se refiere a la Educación, Catamarca permanece en los últimos puestos de calidad educativa mientras un sistema minado por la proliferación de maniobras fraudulentas con las licencias de los docentes y las denominadas "comisiones de servicio", insume fortunas. La tragedia educativa catamarqueña viene arrastrándose desde hace décadas y la erosión de la disputa con gremios que se resisten a avanzar en debates que vayan más allá de la disputa salarial se ha comido varios ministros. Mientras la crisis del sistema educativo provincial continúa irresuelta, generaciones de catamarqueños reciben una formación deficiente que restringe sus posibilidades de desarrollo en el futuro. Seguridad, drogas, salud y educación siguen siendo las grandes deudas pendientes del sistema político-institucional de Catamarca, que centra sus mayores esfuerzos en la reyerta por recursos económicos que las distintas facciones invierten para realimentar sus estructuras clientelares.
