lunes 25 de marzo de 2024
Editorial

Estado en retroceso

Funcionarios con autoridad para hablar sobre los peligros que encarna el narcotráfico formularon declaraciones que no..

Por Redacción El Ancasti
Funcionarios con autoridad para hablar sobre los peligros que encarna el narcotráfico formularon declaraciones que no hacen sino profundizar la preocupación sobre esta problemática.

El vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Sanjuán, dijo esta semana, según lo publicado por el diario La Gaceta, que el sistema de radarización de las fronteras es obsoleto, que las fuerzas policiales provinciales del NOA "están sumidas en la corrupción y colapsadas por la ola de delitos y de violencia”, y que el narcotráfico no avanza, "sino que el Estado retrocede”.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, alertó sobre la escasez crítica de personal, infraestructura edilicia precaria e insuficiente, carencia de equipamiento de control y obsolescencia del sistema informático, entre otras falencias detectadas en los organismos de control aduanero y migratorio en las fronteras.
Finalmente, el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, graficó el crecimiento del narcotráfico en los últimos 10 años en la frontera de Salta, al apuntar que antes "los trabajadores de frontera, bagayeros o contrabandistas ingresaban con dos o tres pantalones (kilos de cocaína)” pero ahora el contrabando se elevó a "20 o 30 vehículos”. Y añadió que "ya es común en Orán que un procedimiento antidroga involucre unos 900 kilos de droga”. 

Si bien declaraciones públicas de este tenor producen, lógicamente, temor e inquietud, deben interpretarse como una actitud positiva, pues generan reacciones que de otro modo no sobrevendrían.

Hasta podría decirse que el problema del narcotráfico en el NOA se instaló recién en la agenda nacional luego de que, hace aproximadamente un año, la Corte Suprema de Justicia advirtió al Poder Ejecutivo Nacional sobre el avance de este flagelo y solicitó se adopten las medidas necesarias para combatirlo.

A principios de mayo de este año, una docena de jueces de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero solicitaron a través de una resolución extremar la provisión de recursos adecuados, humanos, tecnológicos y logísticos para optimizar la lucha contra este flagelo. La Corte Suprema, con este instrumento, reiteró el pedido formulado en 2013, en este caso dirigido al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación.

Otro dato auspicioso es que son quejas que tienen, como contrapartida, propuestas concretas que ayudarían a mejorar la performance estatal en la lucha contra el narcotráfico: radarización de las fronteras, nuevos juzgados federales y más personal capacitado, nuevas cárceles federales o ampliación de las existentes, políticas de asistencia y tratamiento de las personas en riesgo victimas de tales delitos, entre otras. E, incluso, algunas iniciativas novedosas, como por ejemplo la posibilidad de instalar buzones en puntos estratégicos para recibir denuncias anónimas contra delitos de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.

De modo que, instalado el avance del narcotráfico como problema y con propuestas de acción concretas para combatirlo, deberán las autoridades formular las políticas públicas necesarias para evitar que, en este tema tan complejo, el Estado avance con rigor en vez de seguir retrocediendo.

Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Convención. La UCR, dura con el gobierno provincial, tibia con el nacional. 

Te Puede Interesar