No hay dudas de que el sistema judicial falla groseramente si una joven es agredida por su pareja luego de que lo denunciara al menos ocho veces en sede policial.
De nada vale alentar a las mujeres a que denuncien la violencia de género que padecen si luego la Policía y la Justicia no actúan de manera de reprimir el acto delictivo e impedir que se repita. La denunciante se ve, por culpa de la inacción institucional, expuesta a mayores represalias que la que dio origen a la primera denuncia.
El último episodio conocido involucra a una mujer que comparte vivienda con su agresor en un barrio de la zona sur. Según familiares y allegados a la víctima, el hombre, pese a tener casi una decena de denuncias en su contra, volvió a apelar a la violencia física para dirimir presuntas diferencias con su pareja.
Luego del último ataque, y ante el pedido de auxilio, efectivos de la comisaría Novena procedieron a la detención del individuo.
No se trata, claro, de un hecho aislado. Son frecuentes y muy numerosas las quejas respecto de la recurrencia agresiva de hombres contra sus parejas o ex parejas pese a existir denuncias de por medio. Fue muy difundido, al punto que se convirtió en viral, el video que Nancy Chamula, una mujer de 38 años oriunda de la ciudad de Oberá, decidió subir a YouTube para, de esa manera, intentar frenar los constantes ataques que padecía de parte de su ex marido, un empresario de esa ciudad. En el video, se ve al hombre golpeando a su entonces esposa en una empresa de repuestos para autos.
Solo después de que el caso tomó estado público la Justicia actuó severamente contra el violento. Pero no todas las mujeres agredidas tienen la suerte de que la golpiza quede registrada.
A fines del año pasado, desde la Justicia se informó que en nuestra provincia se denunciaba, en promedio, alrededor de 20 hechos de violencia de género cada día. Es decir, más de 7.000 al año. Sin embargo, llegan a juicio solo unas pocas.
Es cierto que para llegar a una condena por este tipo de hechos se deben dar una serie de circunstancias, pero también lo es que la mayoría de las denuncias quedan solo en los papeles y la investigación es nula.
Esto sucede incluso cuando, como en el caso señalado más arriba, la víctima denunció varias veces a su agresor. No siempre, según se admite desde las fuerzas de seguridad, las denuncias se unifican y se instruye una sola causa, lo que agravaría la situación judicial del golpeador. Tal vez contribuya a subsanar este déficit la recientemente creada Unidad Judicial de Violencia de Género, donde se centralizan todas las denuncias de este tipo. Pero los resultados tardarán en verse.
La burocracia, la falta de capacitación de los encargados de recibir las denuncias y, por qué no, cierta desidia, se conjugan para permitir que proliferen episodios como los narrados.
La noticia esperanzadora es que existen las normas y las estructuras judiciales formales para avanzar en acciones tendientes a proteger a las víctimas y castigar a los victimarios. Solo es cuestión de que se instrumenten las medidas necesarias para que funcionen de manera expeditiva y eficaz.
