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Menéndez y Catamarca

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29 de julio de 2008 - 00:00
Amplia repercusión tuvo a nivel nacional la noticia publicada por El Ancasti sobre la inminente citación por parte del Juzgado Federal de Catamarca del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado a prisión perpetua por la justicia de Córdoba. La citación en calidad de imputado de Cachorro, tal el mote con el que se conocía a quien fuera dueño de la vida y la muerte en la provincia mediterránea durante los años de plomo, se produce por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que recomendó al juez Ricardo Antonio Moreno acelerar y profundizar las investigaciones en torno a la violación de los derechos humanos en Catamarca durante la última dictadura militar. Particularmente, el tribunal de alzada le pidió al juez que cite lo antes posible a Menéndez en el marco de la causa por la desaparición forzosa y asesinato de los hermanos Francisco y Griselda Ponce y del sobrino de éstos, Julio Genaro Burgos, ocurrida entre abril y diciembre de 1976.***La vinculación de Menéndez está dada porque como jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, tuvo bajo su mando todas las guarniciones militares que esta fuerza poseía en diez provincias argentinas, entre ellas Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Y en todas las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por la represión ilegal en la Argentina la Justicia busca establecer no sólo los autores inmediatos de aquellos aberrantes hechos, es decir los ejecutores materiales de la muerte y la tortura, sino también los autores mediatos, aquellos que daban las órdenes, que disponían sobre la suerte de cada uno de los detenidos, los que decidían quién debía vivir y quién no. En ese rango se inscriben las participaciones de Menéndez, del ex jefe del Regimiento 17 de Infantería de Catamarca, Carlos Lucena, del ex jefe de Inteligencia de esta base militar, Darío Otero Arán, y de otros altos jefes militares. Entre ellos también figura un teniente general actualmente en actividad, que pasó por el RI 17 en sus años de juventud y que fue promovido al máximo rango por el gobierno de Néstor Kirchner. ***La resolución de la Cámara Federal de Tucumán no sólo se refiere a la causa Ponce, sino que alude también a la iniciada por los secuestros de Yolanda Borda, de Roberto Horacio Bugatti y de todas las personas que fueron secuestradas y asesinadas en Catamarca durante la dictadura. Los jueces recomendaron entre otros puntos profundizar la investigación de los hechos acaecidos con posterioridad a las detenciones, es decir que se establezca el lugar en el que fueron alojados, torturados y asesinados, la mayoría de ellos en centros clandestinos de Tucumán. En ese sentido, se solicitó al juez que se establezca la cadena de responsabilidad del personal militar, de seguridad y políticos con funciones en Catamarca durante aquellos años. ***Otra vez las noticias sobre el servicio aéreo en la provincia vuelven a ser malas. El principio de regularización de los vuelos a partir de julio, con seis aviones por semana, no fue más que una ilusión pasajera: ayer se confirmó que a partir de agosto, cuatro de los seis vuelos semanales serán nocturnos, es decir no serán con destino a Catamarca sino a La Rioja donde, como se sabe, sí cuentan con personal que trabaje de noche. En otros términos, habrá solamente dos vuelos que aterrizarán en el aeropuerto Felipe Varela a plena luz del día. En el resto, los pasajeros tendrán que trasladarse desde la vecina provincia hasta aquí de noche, con todo el peligro que implica la circulación en la ruta 38 a esa hora. Y, como si fuera poco, los aviones no partirán desde Aeroparque sino desde Ezeiza. La medida se debe a las reprogramaciones dispuestas a nivel nacional por la empresa Aerolíneas Argentinas, nuevamente estatal. Y demuestra, una vez más, que Catamarca sigue siendo un mercado residual para el servicio de cabotaje. Conclusión: más tarea para autoridades provinciales -incluidas especialmente aquellas de bandera kirchnerista que aseguran tener el poder de abrir puertas en Casa Rosada- y legisladores nacionales. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que el desarrollo económico provincial, medido en términos de turismo, negocios e inversiones.
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