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Entre el desempleo y la calidad educativa

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30 de septiembre de 2006 - 00:00
Una medida reciente de las autoridades educativas de la provincia dispone que a la hora de determinarse la cobertura de los cargos de maestro de grado se tengan en cuenta en primer término los postulantes que certifiquen que están desempleados y que sólo después se siga el orden de mérito de las listas elaboradas por la Junta de Clasificación.

El objetivo que se persigue es satisfacer la demanda de los aspirantes que por su puntaje no pueden imponerse sobre sus colegas mejor clasificados y en muchísimos casos ya en la actividad en establecimientos provinciales, municipales o privados, pero no incursos en incompatibilidad.

Los afectados por esa situación se quejan de discriminación y culpan a las autoridades de mantenerlos condenados a desocupación permanente. De hecho, las perspectivas de los autodenominados “docentes sin escuela” se oscurecen año a año, pues el desajuste entre la demanda y la oferta –crece más la cantidad de los maestros que la de vacantes- se profundiza sensiblemente.

Se ha llegado, de esta manera, a una situación en que debe optarse entre el ideal de garantizar la mejor educación y la necesidad de paliar el desempleo, que en el ámbito docente es tan grave como en los demás sectores de la actividad. Debe observarse que también es grave el nivel educativo, por lo que parece que la disyuntiva confronta dos realidades de igual significación, ante las cuales no fuese posible una elección libre de objeciones.

Tradicionalmente, el criterio ha privilegiado el interés educativo, y por eso se establecieron pautas que tienen en cuenta las Juntas de Clasificación cuando establecen el orden de mérito de los inscriptos.

Hace dos años, en la gestión ministerial de María Isabel Acuña, se impuso el punto de vista que otorga prioridad a los docentes sin ningún cargo. Y ahora se ha vuelto a la misma posición, después de haberla, esta misma gestión de gobierno, reemplazado por la que sigue fielmente las listas de orden de mérito.

Se han formulado críticas a la demora de un cambio que se hubiese esperado a comienzos de año y no a esta altura del período lectivo. Es lo que manifiestan los beneficiarios de la rehabilitación de la preferencia por los desocupados, quienes saben que quedan sólo cuatro asambleas hasta fin de año, momento en que la Disposición ministerial dejará de regir. Precisamente, el hecho de que la medida se extienda sólo hasta fin de año permite anticipar que en 2007 los “docentes sin escuela” reemprenderán su lucha por esa conquista tan efímera.

Quienes tienen dificultades para ingresar en la actividad docente exponen razones que no pueden desoírse: es verdad que, sin trabajar, lo que puedan hacer para mejorar su ubicación en las listas de aspirantes es muy poco. No acumulan antigüedad y su frecuente limitación económica los obliga a tomar distancia de las capacitaciones y perfeccionamientos que requieren tiempo disponible e independencia de otras ocupaciones que ayudan a la subsistencia.

Pero, asimismo, no puede relativizarse el objetivo de la mejor educación posible. Habrá que regular, tal vez, el crecimiento de la demanda. Se tendrá que ver si el servicio educativo podría acrecentar la oferta mediante la incorporación de otras figuras docentes que aseguren el ideal de la calidad de la educación.

Probablemente será bueno debatir en profundidad la cuestión y, después, adoptar un criterio que sea permanente –o con la permanencia que puede esperarse en un contexto por demás fluido e imprevisible- y que contemple los dos polos de la controversia.
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