Hacia una reforma de la Constitución Nacional

26 de septiembre de 2006 - 00:00

La idea de una reforma de la Constitución Nacional ha comenzado a tomar cuerpo. El propio presidente Kirchner habló sobre el tema durante su reciente visita a Nueva York, y ratificó sus dichos, ya en el país, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien, de esa forma, terminó de dar sustancia a lo que hasta el domingo no había sido más que un rumor.

Según las declaraciones del alto funcionario, la reforma buscará extender la duración del mandato presidencial, esto es, llevar la gestión, actualmente de 4 años, a 5 ó 6.

Esta extensión sería compensada por la eliminación de la posibilidad de reelección que la Constitución vigente contempla.

Según los anticipos formulados por Fernández, el alargamiento de la gestión presidencial no se concretará sino recién a partir de 2007, lo que vendría a descartar las suspicacias en torno de un supuesto intento del Presidente de mantenerse en el cargo sin los riesgos de una elección.

La ventaja que se obtendrá con esta modificación de la duración del mandato -tal como se argumenta desde el Gobierno- será “salir del debate electoral permanente”, un beneficio que no podría dejar de reconocerse porque es experiencia más que probada la enajenación que en los gobiernos genera la presión del test evaluador que significan los comicios. Aunque podría observarse que tales evaluaciones son importantes como oportunidad de la ciudadanía para influir sobre los gobiernos y reemplazarlos cuando su desgaste ha sido considerable.

La iniciativa de terminar con las reelecciones parece saludable, pues los daños derivados del propósito de permanecer en el mando se manifiestan a través de una obsesión que subalterniza la función gobernante al reducirla casi a esa única meta.

Por ahora no se ha hecho referencia a una reinstalación del Colegio Electoral que en el pasado determinaba quiénes asumirían la conducción del país, después de terminado el escrutinio electoral. Cuando en 1994 se reformó la Constitución, esa figura de la vieja Carta Magna fue erradicada. Pero posteriormente se ha visto que la elección directa operó en desmedro del interés de las provincias chicas, que en el desaparecido Colegio Electoral podían ejercer influencia en el curso de las negociaciones.

Limitada por su escaso caudal electoral, provincias como Catamarca deben aceptar resignadamente el veredicto de las jurisdicciones que invariablemente se imponen por su elevado número de votantes.

La anunciada reforma propone la posibilidad de la reelección sin término de los gobernadores, tal como ocurre en Catamarca, donde la Constitución se limita a señalar que podrán ser reelectos, sin ninguna especificación de número de veces. La defensa de esta idea por parte del Gobierno Central, además de contradecir el criterio adoptado para el caso de la elección presidencial, constituye un aliciente para la antirrepublicana y, desgraciadamente epidémica, tendencia de los mandatarios provinciales a perpetuarse en el poder.

Las explicaciones oficiales ya han desatado la polémica. Algunos sostienen que éste no es momento para reformas constitucionales. Otros advierten que más productivo resultará respetar la actual, sobre todo en lo referente a la independencia de los poderes del Estado. Y habrá también quienes defiendan el propósito reformista por coincidencia con los cambios que se han dado a conocer o por acrítica fidelidad al Presidente.

Más allá de la controversia, puede valorarse el gesto de poner los ojos en lo institucional, especialmente si lo que se quiere es asegurar la eficacia gobernante y el progreso republicano. La controversia podría traer mucha luz a estos campos.

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