miércoles 19 de enero de 2022

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Transgresión de impunidad frecuente

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24 de septiembre de 2006 - 00:00
Aunque es todavía causa pendiente, podría suponerse que el recurso de amparo presentado ante la Corte de Justicia contra el movimiento de tierras que se está haciendo en el Campo Las Heras concluirá con un fallo que ordene la paralización inmediata de esos trabajos, al menos hasta que se encuentre el modo de evitar el daño público derivado del polvo en suspensión que se vuelve menos tolerable cuando el viento sopla con la intensidad de días pasados.

La protesta por tal situación –un verdadero infierno, sobre todo para quienes viven en la zona en que se trabaja y, para los agentes de la Administración Pública que se desempeñan en el predio que antes fuera asiento del Regimiento- ya no podría darse por inexistente, pues los medios de comunicación se han hecho eco de la queja colectiva y también emitieron información y opinión propias sobre el asunto.

En los organismos del Estado se reaccionó positivamente. Tal el caso de la Municipalidad de la Capital, donde se está trabajando conjuntamente con la Universidad en la formulación de un Plan Forestal Regulador que buscará dotar a la ciudad de árboles para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la población. La ejecución del Plan comenzará en el área norte, el foco de la contaminación actualmente más visible.

Pero, al margen de que el problema se resuelva o se reduzca -y es deseo de todos que así sea- queda la impresión de que lo que ha ocurrido es fruto de una imprevisión, de una carencia de idoneidad, o de una audacia ejecutiva que no puede quedar sin identificarse y castigarse. No puede admitirse que la agresión que han sufrido los vecinos de la Ciudad por estos días termine siendo considerada mera consecuencia de coincidencias desgraciadas. Sin duda, alguien ha dado las órdenes, alguien ha tolerado que se siguiese adelante con el movimiento de tierras a pesar del clamor de la gente que se rebelaba contra el daño que se le infería en el plano de la salud y contra el atentado que significaba la tala indiscriminada, garantía de grave ruptura del orden ambiental. Asimismo, no puede admitirse que se hubiese obrado como si se desconociese que esta época del año es tiempo de vientos de fuerza y persistencia extraordinarias.

Este caso de flagrante daño social tiene ribetes que lo vuelven particularmente notorio. Pero hay otros infinitos daños menos abarcadores, a menudo de alcance individual, que se cometen y que se reparan o no se reparan, pero en los que el verdadero responsable –organismo o persona- no recibe reconvención alguna por su impericia, displicencia o malicia.

Suceden en los laberintos de la democracia, en la distribución de la asistencia social, en el rubro de los servicios públicos privatizados o en manos del Gobierno, en la prevención y represión del delito, en fin, allí donde se juega la eficacia de las instituciones en relación con el bien común.

La familiaridad con este tipo de impunidad puede haber fomentado la creencia de que se deba a una imprevisión constitucional. En realidad, la Constitución de Catamarca es clarísima en la determinación de las responsabilidades que caben a quienes tienen en sus manos la suerte del Estado. El artículo 47º señala que “todos los funcionarios y empleados de la Provincia son individualmente responsables de las faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus cargos, no pudiendo excusar su responsabilidad civil, penal y/o administrativa en la obediencia debida y ni en el estado de necesidad”.

Vuelve a insistir el texto constitucional en el artículo siguiente, cuando pone de relieve que esta “responsabilidad personal del agente” no desaparece, no obstante que “la Provincia responde subsidiariamente por el daño civil ocasionado por sus empleados y funcionarios en el desempeño de sus cargos, por razón de la función o del servicio prestado”.

Parece ocioso advertir que se propugna que en este punto también la Constitución sea rigurosamente respetada, no por un subalterno espíritu vengativo, sino porque la impunidad que se está comentando contribuye a consolidar el daño social que, de este modo, no tendrá otro destino que el de profundizarse y generalizarse.
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