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El 82%, otra carga sobre el hombro

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21 de septiembre de 2006 - 00:00
El gobernador Eduardo Brizuela del Moral se decidió a tomar la delantera en el reclamo de los jubilados. Ayer, sin previo aviso y para sorpresa de todos, anunció que la Provincia se hará cargo de pagar el 82 por ciento a los jubilados provinciales transferidos a la Nación a mediados de la década pasada. Se trata, según dijo, de la diferencia existente entre los haberes que perciben hoy de parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y lo que cobran los activos de categorías similares a las que tenían aquéllos al momento del retiro. La medida, que será enviada en los próximos días a la Legislatura para su ratificación, tendrá un tope presupuestario anual de 30 millones de pesos. No adelantó, sin embargo, a partir de cuándo entrará en vigencia ni cuáles son sus alcances. Es más, el primer mandatario se limitó a leer un breve escrito en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y luego se retiró, y detrás de él lo hicieron sus colaboradores. No hubo espacio para preguntas y quedaron bastantes dudas sobre el tapete.



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Uno de los principales interrogantes que se plantearon al final del mensaje era si la Provincia se haría cargo de la movilidad, esto es, si reconocería el 82 por ciento móvil a los jubilados o sólo una suma fija equivalente a la diferencia entre los haberes jubilatorios actuales y los sueldos de los activos hasta ese porcentaje. Así lo hizo hace unos meses el gobierno de Tucumán, que destinó fondos propios para pagarles a los pasivos, en una medida de carácter estrictamente coyuntural. O como el anuncio realizado la semana pasada por la Nación para los docentes, que cubre el porcentaje fijo pero no la movilidad. Si bien en el texto leído por Brizuela del Moral no lo afirmó expresamente, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron ayer que el decreto hará clara referencia al carácter móvil del pago, con lo cual se asegurará su actualización ante futuros aumentos salariales en los activos.



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Desde el punto de vista político, la decisión adoptada por Brizuela del Moral clausura el debate abierto en la Cámara de Diputados con los proyectos de ley que ingresaron en las últimas semanas para que la Provincia se haga cargo del pago de la movilidad a los pasivos. La primera iniciativa fue de la oposición barrionuevista, y merced a ella sus diputados aprovecharon el espacio que quedó entre la indefinición del Gobierno y los reclamos de los jubilados para hacer política con una alternativa de solución. La reacción que tuvieron ayer tras el anuncio oficial fue previsible: “Hemos logrado torcerle el brazo al Gobierno”, proclamó el diputado Oscar Vera, autor del proyecto. La segunda iniciativa pertenece al diputado Mario Perna y fue apoyada por casi todo el bloque del FCS, pero recién ingresó ayer a comisión. Propone crear un Fondo Solidario con recursos de la Provincia para hacer frente al pago del 82% móvil de los pasivos y faculta al Ejecutivo a iniciar acciones legales contra la ANSES para obtener la devolución de estos recursos. Pero lo que ahora quedará firme no será ninguna ley sino el decreto del Ejecutivo provincial, con lo cual también se pondrá un punto final a las especulaciones de las comisiones con mayoría opositora u oficialista. Y sobre todo, al circo montado a costillas de las necesidades de los jubilados.



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Lo que la Provincia resolvió hacer respecto a este asunto es algo que viene postergando desde 1994, cuando firmó el Pacto Fiscal y la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación. Desde entonces, la atención estuvo centrada más que todo en los desaguisados del traspaso en sí, es decir, en los jubilados de pantalones cortos, las certificaciones de servicio apócrifas y la falta de aportes. El costo del desastre será pagado por esta administración gubernamental, que acordó asumir una deuda cercana a los 50 millones de pesos con la ANSES por todas las jubilaciones mal otorgadas. Y ahora también se hará cargo de la movilidad, una cláusula que estaba incluida en el convenio de transferencia y que los gobiernos anteriores ni se ocuparon en gestionar. De alguna forma, la gestión Brizuela del Moral no hizo más que expiar las culpas del pasado, asumiendo los costos con el presupuesto provincial y en un silencio que hasta puede ser entendido como cómplice. Alguna vez deberá deslindar responsabilidades y dejar en manos de la Justicia lo que corresponda. Porque quienes no cumplieron con sus deberes de funcionario público o cometieron delitos al amparo del poder y con el dinero de todos no pueden quedar impunes para siempre.
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