domingo 16 de enero de 2022

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Las sinrazones del intendente Perea

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20 de septiembre de 2006 - 00:00
Ni los títulos universitarios, ni la llamada “universidad de la calle”, ni el voto popular por sí mismo hacen de un hombre o una mujer, automáticamente, funcionarios irreprochables, ni personas de bien.

Normalmente, el aporte de la Universidad potencia los talentos individuales y los vuelve particularmente eficaces en un área determinada del saber y de la actividad. También se espera que haga crecer la personalidad entera, esto es, que haga de sus beneficiarios gente sensible, honrada y con capacidad para comprender la realidad y administrarla sabiamente.

Pero no siempre los títulos aseguran las bondades que se han señalado. Ni en los dominios del conocimiento ni en los otros que tienen que ver con los comportamientos. No es raro que los responsables de las frustraciones colectivas más estrepitosas sean depositarios de pergaminos académicos que se hubiesen juzgado garantía sobrada de idoneidad y probidad.

La denominada “universidad de la calle”, un eufemismo para señalar la carencia de antecedentes universitarios y hasta de cualquier otra formación sistemática, no ha sido, en más de un caso, obstáculo para que surgieran dirigentes valiosos y confiables. El autodidactismo y una experiencia rica y bien asumida han generado figuras de la cultura y de la política que han honrado al país en general y a sus diversas jurisdicciones. Por esta realidad indiscutible, la Constitución no establece que quienes aspiren a gobernar la República deban contar, obligatoriamente, con diplomas que testimonien relevantes antecedentes intelectuales y no menos enfáticos testimonios de desempeños dirigenciales previos.

Pero tal verdad no invalida el dato de que en no pocas ocasiones se echa de menos en los funcionarios una capacidad mayor y una integridad personal libre de sospechas.

En cuanto al voto popular como determinante de la capacidad y la entereza moral de quienes las urnas elevan a los cargos ejecutivos y legislativos, es evidente que se olvida que el sistema republicano da por hecho que los ciudadanos no obrarán en contra del bien común y que sólo elegirán a aquellos de probada competencia intelectual y ética.

Si bien Almafuerte afirma que “nadie es bueno ni malo si los demás así no lo decretan”, la observación del cáustico autor de las “Evangélicas” quiere ser un reflejo de lo que ocurre en la experiencia concreta, de ninguna manera una negación de que alguien es bueno o malo independientemente del juicio ajeno.

El intendente de Andalgalá, José Perea, ha reaparecido en otro medio gráfico haciendo declaraciones destinadas a desvirtuar las serias acusaciones que se le hacen por alentar la compra de un predio por un precio sobreestimado. Pero de esto no habla el jefe político de la “Perla del Oeste”. Fustiga a quienes supuestamente lo critican por querer para los andalgalenses una terminal de ómnibus digna del siglo XXI (de un siglo XXI de Primer Mundo, debe observarse) y busca “blanquearse” atribuyendo a sus fustigadores aviesos designios politiqueros o inclinaciones enfermizas a impedir toda cosa que propenda al progreso general.

Manifiesta creer que con haber cumplido las formalidades del trámite -no hace mención al sugestivo expediente por el que logró el apoyo incluso de concejales opositores- el asunto que lo moviliza ya está purificado, no obstante que contiene un daño al tesoro común de sus gobernados de nada menos que unos 300 mil pesos.

No menos irracional es argüir, en su defensa, que se lo hace blanco de objeciones por la circunstancia de que carece de títulos universitarios y de que sólo tuvo la formación de la calle y del trabajo.

Tampoco acierta cuando apela a la descalificación de sus adversarios sin ofrecer respuestas a lo que ellos inquieren. Y menos cuando da a entender que el pueblo de su ciudad demostrará su inocencia, su entrega al bien común, su insuperable gestión como conductor del municipio cuando lleguen las elecciones y lo confirmen como intendente en la, en apariencia, única fragua que produce la luz que permite saber quién es capaz o incapaz, bueno o malo, deseable o indeseable en la comunidad republicana.

Menos tiene argumentos para justificar que las regalías mineras se destinen para financiar obras que nada tienen que ver con la reconversión del sistema productivo, finalidad ésta que la ley asigna, con claridad meridiana, a los recursos derivados de la minería.

El intendente Perea parece confiar en que las urnas generan los buenos y los eficaces. Según él hay que esperar que hablen, nada más. Todo lo demás es malicia opositora, prejuicio social, tal vez envidia de resentido. Claro que, para que ello ocurra -el mensaje canonizador de las urnas- hay que saber hacerlas. Y esta habilidad, para suerte de Perea y de tantos, no requiere títulos universitarios, ni siquiera el de la “escuela de la calle”.
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