El despropósito energético

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13 de septiembre de 2006 - 00:00

En el transcurso de estos días estaría listo para la firma del gobernador Eduardo Brizuela del Moral el decreto por el cual se declara la emergencia energética en la provincia, según lo anticipó el fin de semana último el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña. En términos por demás escuetos, el funcionario indicó que la decisión se corresponde con la crisis energética que se viene planteando en el país a raíz del aumento del consumo y la demanda y, en contrapartida, el congelamiento de la oferta, más aún ahora que se aproxima el verano que en Catamarca, se sabe, siempre es crítico en materia de servicios públicos. Sin embargo, el anuncio, según se supo, no cayó nada bien en el Gobierno nacional, donde se considera que no están dadas las condiciones para decretar una emergencia en forma unilateral en esta provincia, desechando otras alternativas menos extremas para hacer frente a la situación.

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De hecho, dado el techo al que parece haber llegado la generación de energía en el país, el Gobierno central analiza la posibilidad de reajustar el programa de uso racional de la electricidad entre los clientes residenciales, optimizando el régimen de premios y castigos para aquellos que consuman menos energía que en el mismo periodo del año pasado. Y también hay otras medidas en carpeta para los grandes clientes y los sectores industrial y productivo. El común denominador es que todas las acciones apuntan a racionalizar el consumo de energía. Al menos hasta ahora, en la Nación no se habla de disponer una emergencia al estilo de Catamarca, que al parecer es la provincia que más está avanzando en esa dirección.

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En realidad, la decisión del Gobierno local esconde una gran contradicción. Ocurre que, por un lado, resulta innegable que los catamarqueños han vivido en una situación de emergencia energética permanente, atenuada en los últimos años merced a un mejor ordenamiento del servicio. Pero, por otro lado, esta emergencia concreta ha sido consecuencia directa de la desinversión en materia de infraestructura y de un manejo irresponsable de la concesión, que incluyó una sobrefacturación millonaria a los usuarios residenciales de la provincia y un escandaloso fraude montado con la adulteración de los registros de control de calidad del servicio, como una forma de evitar el pago de multas ante un Ente Regulador (ENRE) que ya era demasiado complaciente.

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De manera tal que ahora el Gobierno de Brizuela del Moral se ha dispuesto a tratar de resolver estos años de desidia, descontrol y complicidades ocultas con una declaración de emergencia que, en alguna medida, no hará otra cosa que aliviar las cargas que deberían acarrear los empresarios al mando de la privatizada EDECAT. Y asumirá como propio un problema, una grave crisis, que es totalmente heredada. Todo para no deslindar responsabilidades en los verdaderos culpables de que hoy por hoy el sistema energético local esté al borde del colapso, con un nivel de inversión muy por debajo del crecimiento poblacional y sin respuestas ante un seguro crecimiento de la demanda en una provincia que no se destaca por sus luces, ni públicas ni particulares.

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Mientras tanto, a la par que se dispone a enmascarar bajo un decretazo la negligencia política y empresarial pasada, el Gobierno provincial ha encarado un plan de obras públicas que, a primera vista, es ambicioso en lo que respecta a la inversión estatal, pero que al mismo tiempo trasunta una posible equivocación en cuanto a prioridades en relación con las necesidades de la población. Por caso, dado el verano que se insinúa crítico en el plano de los servicios públicos, la energía eléctrica es, sin dudas, una prioridad. Mucho más que emprendimientos que pueden ser muy importantes, como el predio ferial o el estadio de fútbol, pero no aparecen como necesidades generales o de carácter urgente.

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