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Crónica de una decadencia

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7 de diciembre de 2006 - 00:00
Tarde o temprano la podredumbre iba a asomar a la superficie. Ayer, la secretaria de Deportes de la Provincia, Juana Fernández de Collantes, salió al cruce de un reclamo del Círculo de Periodistas Deportivos por un subsidio del Estado para construir la sede social y dijo que los fondos no se pueden otorgar porque hay determinados requisitos legales que no se cumplen. Supuestamente, la entidad contaba con una promesa de Fernández de que recibiría tal asistencia, aunque luego se dio con una serie de exigencias formales que no estaban en sus planes. En principio, el Círculo esperaba embolsar los fondos en efectivo para llevar a cabo la construcción por cuenta propia, pero el organismo oficial rechazó tal modalidad. Entre otras cosas, se requerían un plano de la obra, presupuestos y plazo de ejecución -todo con la firma de profesionales y la correspondiente aprobación colegiada-, pese a que también es sabido que el Estado prefiere delegar esos trabajos en la Subsecretaría de Obras Públicas, para lo cual se depende de un cronograma de obras sujeto a determinadas prioridades.



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El conflicto saltó la noche del lunes, cuando en un programa deportivo de una emisora chacarera un dirigente del Círculo acusó a Fernández de no cumplir con su promesa. La funcionaria reaccionó y dijo que en estos términos no se puede plantear la relación entre las partes, que “los muchachos estaban equivocando el camino” y que el organismo a su cargo no aceptará ningún “operativo” de prensa para dar marcha atrás con su postura. Lo importante, sin embargo, es el fondo de la cuestión. Al margen de cualquier diferencia de orden técnico o administrativo en torno al subsidio, la verdad es que ni la entidad puede pretender una asistencia oficial para el motivo que sea ni el Estado debería otorgarla. La razón es de estricta naturaleza ética profesional: los periodistas no deben ser rehenes del poder de turno. Porque la misma dependencia que crea el subsidio oficial en una entidad se traslada luego al trabajo de cada uno de los profesionales de la comunicación en sus respectivos medios. De hecho, ¿qué independencia u objetividad se puede esperar de un periodista “subsidiado” por el Gobierno?



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El problema radica en una combinación de la cultura política clientelista del Estado y una creciente pérdida de dignidad de las instituciones. Puntualmente en el plano deportivo, a principios de esta década se hicieron famosos los subsidios del poder político a los clubes en tiempos de elecciones. Invariablemente, cada vez que se aproximaba una contienda, iba el gobernante al club o citaba a los dirigentes a Casa de Gobierno para entregarles el cheque de cortesía. Así se compraba la voluntad popular. Lo mismo sucedía con otras tantas organizaciones sindicales y no gubernamentales. En el caso del Círculo de Periodistas Deportivos, la decadencia moral se hizo patente en los últimos años. En lugar de promocionar los valores del deporte y buscar fuentes alternativas de financiamiento para sus actividades, la entidad sólo atinó a estirar la mano al Estado. Lo que antes configuraba un verdadero esfuerzo imaginativo para acercar fondos genuinos, degeneró en una comodidad mendicante. El estímulo a los deportistas se convirtió en negocio y el reconocimiento al respaldo gubernamental o empresario en extorsión. Las ansias de figuración de los políticos se conjugaron con el hambre de estos “periodistas” por obtener una tajada de la beneficencia estatal.



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Y siempre que hay plata de por medio, con pocos controles y mucha discrecionalidad, la corrupción encuentra su oportunidad. En lo que concierne al Círculo de Periodistas Deportivos, las reservas que tiene la Secretaría de Deportes respecto al otorgamiento de subsidios o algún tipo de asistencia están dadas por su destino final. Ocurre que hay antecedentes que marcaron a fuego la confianza oficial. Sucedió hace no mucho tiempo con una importante ayuda financiera otorgada a la entidad que no fue a parar a los fines para los que estaba prevista. Y como en estos casos hay demasiados compromisos verbales y muy pocos papeles firmados, la sanción legal no existe. A lo sumo, las maniobras se castigan puertas adentro, con un cambio de autoridades y alguna reprimenda con disimulo. Todo termina con borrón y cuenta nueva. Al fin y al cabo, en un marco de tanta indignidad institucional, cada quien cree tener derecho a buscar su ocasión con el sello.

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