4 de diciembre de 2006 - 00:00
Aun retumban los ecos del papelón legislativo de los diputados del peronismo la semana pasada. Durante más de un mes amenazaron con llevar adelante un proyecto de “certeza electoral” para obligar al gobierno a realizar la convocatoria a elecciones con noventa días de anticipación en vez de sesenta, como lo establece la Constitución provincial. Pero ya el día antes de la sesión surgieron las dudas sobre la conducta de estos legisladores, a tiempo que emergieron los primeros comentarios de que el Frente Cívico podía “operar” con el aparato del Estado para quebrar el número mágico de 21 que suman los representantes de diversas vertientes peronistas (saadistas, barrionuevistas, kirchneristas y renovadores) con el que solamente en teoría superan a los 20 oficialistas. Y los malos augurios se cumplieron para colocar “otro lunar” al sistema democrático local, que tiene la característica deleznable de la compra-venta de voluntades para asegurar beneficios políticos. Por si esto fuera poco, se trataba de un proyecto que en una provincia donde existiera el mínimo respeto entre los dirigentes, en realidad no debía discutirse sino consensuarse. ¿O acaso ponerse de acuerdo para la fecha de una elección no debería establecerse en una reunión sin que exista imposición legislativa? Claro que sí, pero aquí la fecha de convocatoria se la utiliza como mecanismo de especulación y como arma para destruir al enemigo, lo que por cierto puede traer terribles resentimientos en el horizonte futuro