No basta con que las alcancías se llenen

17 de diciembre de 2006 - 00:00

Cualquiera sea la opinión que se tenga acerca de los efectos económicos –en relación con Catamarca, claro está- de la explotación minera en marcha, no puede negarse que las alcancías de la provincia y de los municipios, en especial las de los departamentos mineros, tienen hoy un peso que hasta no hace tantísimo tiempo hubiese parecido pura fantasía.

YMAD entregó, días pasados, una nueva remesa al Gobierno de la Provincia. La parte que le corresponde del 20% de las utilidades que percibe la empresa que integran Catamarca, La Nación y lo Universidad Nacional de Tucumán. La tajada no es insignificante ni mucho menos. Son alrededor de 9 millones de dólares, esto es, casi 27 millones de pesos. Además, esta misma suma recibió en agosto pasado y se reiterará, con algunas variantes tal vez, en el futuro.

Por otra parte, en lo que va desde fines de 2004 al último mes del primer semestre de 2006, los 36 municipios catamarqueños ingresaron en sus tesoros casi 79 millones de pesos provenientes de las regalías mineras. Desde luego, los municipios mejor bonificados fueron los de los departamentos mineros, por expresa determinación de la Constitución de la Provincia y de la legislación inspirada en ella.

Pero el desierto es el mismo

Los impacientes o simplemente perspicaces lamentan que tales chubascos dinerarios no hayan generado ya el reverdecimiento que se espera de toda abundancia pluvial. Y no se resignan a seguir constatando que el desierto todavía domina como si aquí no hubiesen caído sino unas cuantas gotas locas. Algunos políticos de la oposición –entre ellos el ex diputado Pablo Sánchez- lo han dicho sin metáfora alguna, al manifestar su asombro por el hecho de que con tanta nueva riqueza, la mitad de la población de la provincia esté por debajo de la línea de pobreza.

Si este contraste fuese tan cacofónico como se sostiene, habría que formularse la pregunta de si la sequía catamarqueña es tan generalizada y profunda como para no inmutarse ante la inundación de recursos; inundación tal vez no tanto por el tamaño de los montos, que todos quisiesen que fuesen más elevados, cuanto por su caída repentina –pese a la antigüedad de las profecías- que encontró una tierra no preparada para recibirla y metabolizarla de la mejor manera.

Pero más bien cabría otra pregunta, esta vez vinculada con el destino que los beneficiarios de las utilidades mineras han dado o se aprestan a dar a una renta que merece el trato que recibe el pan con que se alimentan los pobres, esto es, el que mejor permite cubrir las necesidades de la familia.

Carencia inadmisible

Y en este punto –sigue siendo Catamarca la capital de la imprevisión-, se choca contra una mole increíble. Aquí tenemos una ley que regula las inversiones mineras, pero que carece de reglamentación, lo que la vuelve, si no del todo inocua, sí insuficiente para la determinación de cuáles sean las obras que deben considerarse comprendidas en las exigencias de la ley. El Tribunal de Cuentas se ha declarado en estado de imposibilidad para resolver los casos en que el eje del conflicto es la naturaleza del proyecto u obra en cuestión. “Ante las diversas dificultades que se plantearan como una suerte de cuestionamiento al alcance de los aspectos enunciados por el artículo 5º de la Ley Nº 5128 (de distribución secundaria de las regalías mineras) efectuados por los responsables de distintos municipios, y ante la carencia hasta la fecha de la respectiva reglamentación de la ley –dice el Tribunal de Cuentas en una nota de noviembre a legisladores kirchneristas-, este Organismo ha efectuado el análisis de los fundamentos que se presentaran en cada proyecto, aplicando un criterio de razonabilidad en la consideración de los mismos”.

Con esto, el Tribunal de Cuentas no quiso evitar una intervención no carente de riesgo, y esto surge del hecho de que en la misma nota se les hace saber a los legisladores que para cubrir la laguna reglamentaria, y “a los efectos de establecer una base interpretativa que sea de aplicación para todos los casos, este Tribunal se encuentra analizando el dictado de una norma a tal efecto tendiente a allanar las precitadas dificultades hasta tanto se reglamente la aludida norma legal, de conformidad con lo previsto por el art. 8º de la Ley Nº 5128”.

El transgresor Perea

La indefinición en un punto tan central ya ha generado reclamos y polémica. La última de las situaciones se originó en Andalgalá, donde el intendente José Perea se arrogó el derecho de usar las regalías según su antojo, al margen del espíritu de la ley y de la razonabilidad invocada por el Tribunal de Cuentas. Para ello manipuló al Concejo Deliberante y se aseguró una mayoría que le permite contar con el apoyo absolutamente acrítico de todas sus iniciativas. Impulsó la creación de dos comisiones comunitarias encargadas de velar por el correcto empleo de los dineros de la minería y después, cuando vio que no podía confiar en ellas, las disolvió mediante una ordenanza que se sancionó sin la mayoría calificada que determina la Carta Orgánica Municipal, lo que ha motivado un pedido de nulidad presentado por la oposición en el órgano deliberativo del municipio.

Como el lector sabe, el intendente Perea sigue manteniendo la idea de construir una estación terminal de ómnibus faraónica, para lo que intenta concretar la compra de un terreno tan desmesurado por sus medidas como por su precio nada inferior a lo que costaría esa superficie en las zonas más bacanas de Buenos Aires. Ya antes había violentado la ley al adquirir una autobomba para los bomberos de su jurisdicción con fondos de las regalías. Desde ya, el Tribunal de Cuentas devolvió el proyecto de la terminal de ómnibus y de la compra del predio tasado tan exuberantemente por entender que la terminal no forma parte de una propuesta integral de desarrollo y porque una operación inmobiliaria de tal envergadura exige por lo menos un concurso de precios.

Destino incierto de los recursos

En cuanto a qué harán los otros municipios con el dinero generado por el yacimiento Bajo La Alumbrera, no se ha informado oficialmente sobre el particular. Tampoco acerca de lo que han hecho desde 2004.

De los 9 millones de dólares recibidos ahora por el Gobierno de la Provincia, sólo ha trascendido que la idea es “volcar esos recursos en los departamentos mineros del Oeste y allí realizar obras de infraestructura, viales, agua, entre otras”.

La falta de la aludida reglamentación deja el campo libre para la discrecionalidad, para la inversión dirigida, más que al desarrollo de las comunidades, a facilitar los proyectos clientelísticos de los funcionarios, y, en el peor de los casos, a operativos económicos de dudosa transparencia y de directo interés de quienes los promueven.

No puede admitirse que no se haya reparado en la urgencia de tal deber gubernamental y legislativo, que ha obligado al Tribunal de Cuentas a imaginar un sustituto coyuntural no sin cierta temeridad, pues sus “criterios de razonabilidad” podrían, en situaciones concretas, ser puestos en tela de juicio por los interesados en seguir aprovechándose del vacío reglamentario.

Redescubrimiento del valor del diálogo

De todo esto, seguramente, se hablará en la “mesa de diálogo” convocada por el obispo Osmar Elmer Miani y constituida durante un encuentro que, según las manifestaciones del propio Miani, se efectuó el miércoles en el Obispado con asombrosa repuesta de la comunidad política y dirigencial de la provincia, que se tradujo en el altísimo número de la concurrencia y en la prudencia de los oradores. El pastor diocesano se expresó, después, entusiasmado y conmovido por el desprendimiento de prejuicios partidarios e ideológicos que exhibieron cuantos hablaron en la oportunidad. Si debe darse crédito absoluto al jefe espiritual de la diócesis, habría que concluir que la “mesa de diálogo” abrirá lo que deba abrirse y cerrará lo que deba cerrarse en esta maraña de aspectos e intereses que entraña la cuestión de la explotación de la gran minería. Concluir, asimismo, que las lentitudes del poder político y que las controversias de la Legislatura encontrarán en ese ámbito el disparador de todas las agilidades y el compatibilizador de todas las disidencias.

Lo que hoy parece un providencial encuentro tiene por delante un camino áspero, pues no es poco lo que falta cardar, lo que falta crear y lo que falta medir en este asunto en que no está en juego sólo la fortuna económica de la provincia, sino, además, la salud de su gente y la suerte de su medio ambiente natural. Su gente de hoy y del futuro, y su medio ambiente natural del presente y de los años y siglos venideros.

En conclusión, que el Gobierno reciba dinero y que los municipios vean multiplicarse sus erarios no garantiza el final feliz de una historia que, no por esperada, halló a los catamarqueños distraídos, enfrentados y confundidos. Habrá que velar para que no se nos engañe ni con la mercadería, ni con el precio que se nos pague por ella, ni con las secuelas últimas del negocio.

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