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Curiosa generosidad financiera

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9 de octubre de 2006 - 00:00
Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dice un popular adagio que podría aplicarse a una sorprendente decisión que adoptó el Obispado de Catamarca respecto a su patrimonio. En efecto, según se informó el viernes pasado, la cúpula de la Iglesia local condonó una más que significativa deuda que mantenía la familia Castiglione, dueña del diario El Liberal de Santiago del Estero, por la compra del diario La Unión en 1998. El “perdón” de la acreencia habría sido ratificado en una escribanía local por el ecónomo del Obispado, de apellido Lizárraga, en el contexto de las acciones legales y económicas que llevó a cabo cuando resolvió transferir el manejo del decano de la prensa a manos privadas. Pero la incursión de los empresarios santiagueños fue más que breve, ya que al poco tiempo de su desembarco vendieron el diario al grupo económico que encabezan los concesionarios del Casino provincial.



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La condonación de deuda del Obispado a favor de los Castiglione resulta sumamente llamativa en un doble sentido. Por un lado, porque a la Iglesia catamarqueña recursos no le sobran, o al menos eso es lo que habría que suponer en función de sus permanentes pedidos de subsidios y aportes financieros al Estado para solucionar, por ejemplo, los daños causados en los templos por el sismo del 7 de septiembre de 2004, muchos de los cuales aún no fueron restaurados. Más aún, hace poco se conoció que la familia de la mujer fallecida por el derrumbe de un vitral en la Catedral Basílica, el 7 de diciembre pasado, iniciará acciones legales en contra del Obispado por daños y perjuicios. En caso de que la Justicia determine que existió algún tipo de responsabilidad de las autoridades eclesiásticas en la caída del vitral, el resarcimiento a pagar podría ser millonario.



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Por otra parte, sorprende que el perdón de esta deuda, en medio de tantas necesidades, sea a favor de una tradicional familia de Santiago del Estero que se caracteriza precisamente por su solvencia económica. Es decir, desde este punto de vista, no se puede afirmar que el Obispado catamarqueño haya llevado adelante una acción de caridad. De hecho, la medida ha causado no poca contrariedad entre los acreedores locales de la Iglesia, acostumbrados a escuchar las excusas por la carencia de fondos para hacer frente a compromisos elementales. Por estas razones, no es desaconsejable sospechar de una limosna tan generosa.



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Aunque los organizadores del encuentro que sostendrá hoy el ministro de Educación de la Provincia, Eduardo Galera, con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aseguran que será esencialmente “técnico”, no se descarta que también se pongan sobre el tapete algunas cuestiones que, a esta altura de las circunstancias, resultan insoslayables en la gestión del área. Una de ellas es la derogación de la Ley provincial de Educación, anunciada hace un par de semanas por el titular de esa cartera a este diario. Pero tampoco se puede desechar la crisis desatada en Cultura, que se encuentra vacante luego de que el gobernador Eduardo Brizuela del Moral en persona pidiera, desde Bolivia -donde se encontraba en una reunión del ZICOSUR junto a otros mandatarios de la región-, la renuncia del responsable, Alejandro Acosta, yerno de Galera.



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La intervención del primer mandatario en el asunto se debió al conflicto generado por la suspensión de la Feria Provincial del Libro, que Acosta había anunciado y al poco tiempo postergado por, según alegó, falta de fondos. Lo peor, sin embargo, fue el motivo que dio como excusa: el recorte presupuestario de su área ante la decisión del Gobierno de pagar el 82 por ciento móvil a los jubilados provinciales transferidos a la Nación. Cuando en el Gobierno vieron que las aclaraciones de Acosta no hacían más que oscurecer la cuestión, le saltaron a la yugular. Primero, un comunicado oficial de la SIP adelantaba que el Gobernador había resuelto “aceptar” la dimisión de Acosta; luego, otro comunicado del Ministerio de Hacienda precisó que los fondos para el pago de la movilidad en 2007 no implican ningún recorte presupuestario a ninguna área de la Provincia, que la Feria del libro debía hacerse con el presupuesto de 2006 y que si no se hacía era por responsabilidad pura y exclusiva de la Subsecretaría de Cultura. En fin, un verdadero lío en el ministerio de Galera sobre el cual todavía, salvo el descabezamiento de Acosta, no hay ninguna resolución. De todos modos, trascendió que existe un acuerdo preliminar para evitar que esta reunión se convierta en una interpelación al funcionario.
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