El fiscal Franco Picardi imputó al Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por haber condonado una deuda de más de 7000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Ese beneficio solo podría haberse otorgado si las empresas hubieran registrado indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media, algo que no sucedió.
La denuncia que realizó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade el 28 de junio pasado también incluye a Antonio Garade, como Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación y quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, reemplazante de Norberto Oyharbide. El legislador ya había realizado una presentación contra la venta de dos centrales termoeléctricas.
Cuando en 2002 la Argentina renegoció el contrato con las eléctricas se incluyó una cláusula que permitía que las sanciones "por deficiencias en la calidad (...) resultantes de cada medición, podrían ser destinados por las empresas concesionarias a la ejecución de inversiones adicionales y al Programa de Inversiones que las compañías presentaran".
Sin embargo para sortear las sanciones las empresas debían registrar "indicadores de calidad superiores a los índices de referencia media".
