jueves 4 de abril de 2024
Justicia

Ordenan inhibir bienes a ex gobernadores de Santa Cruz

Lo ordenó el juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa en que se investiga fraude en la obra pública.

Por Redacción El Ancasti

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy la inhibición general de bienes de los ex gobernadores de Santa Cruz Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta en el marco de la causa en que se investiga fraude en la obra pública por la gran cantidad de licitaciones que se entregó en la provincia al empresario detenido Lázaro Báez.

Además, el magistrado dispuso el "bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre" y la decisión se hizo extensiva a la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona.

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A comienzos de mes, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido que se citara a indagatoria a los ex gobernadores por la causa en la que ya está en etapa de juicio la ex presidenta Cristina Kirchner así como el empresario patagónico.

Mientras tanto, el juez dispuso la inhibición "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa".

Para la Fiscalía, "desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron" -por acción u omisión- "al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional".

Acevedo, Sancho y Peralta estuvieron al frente de la administración provincial en el período en el que más obras se adjudicaron al empresario Lázaro Báez por parte del Estado Nacional: en total, el empresario recibió unos 52 contratos por obra pública vial por 46.000 millones de pesos.

Los fiscales evaluaron que el accionar de la asociación ilícita tuvo como epicentro la provincia de Santa Cruz, la cual recibió en fondos públicos lo mismo que el conjunto de otras cinco provincias.

Fue en esa provincia donde se "ejecutaría la matriz de corrupción" y los imputados acordaron "generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo": los beneficios iban desde direccionar a quién se le otorgaba la obra pública, en este caso Báez, así como los adelantos de obra que se otorgaban, señalaron los fiscales.

Del dictamen presentado ante el juez federal Julián Ercolini, se desprende que Acevedo permitió el pago de 395 millones de pesos a favor de Báez entre abril de 2004 y marzo de 2006.

Por su parte, Sancho, socio inmobiliario de Máximo Kirchner, garantizó más de 918 millones de pesos en pagos al empresario entre marzo de 2006 y septiembre de 2007.

Y Peralta entregó 561 millones de pesos entre 2007 y fines de 2009 también a manos del empresario.

 

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