El fallo del juez bonadio causó un terremoto político

Cristina "impartió las órdenes" para beneficiar a los acusados

El magistrado encuadró los delitos con los cuales la acusa como de 'lesa humadidad'.
viernes, 08 de diciembre de 2017 · 04:04

Al ordenar su desafuero y detención, el juez federal Claudio Bonadio consideró que la ex presidenta Cristina Kirchner "impartió las órdenes" destinadas a beneficiar a los iraníes con pedidos de captura por la voladura de la AMIA, ocurrido en 1994. Para el magistrado, Cristina Kirchner "impartió órdenes personalmente" para lograr que los iraníes obtengan "la impunidad".

Por ello, la procesó por traición a la Patria, encubrimiento agravado y estorbo de un acto funcional, y le impuso un embargo de 50 millones de pesos. Bonadio consideró acreditada "la responsabilidad penal de los funcionarios y ciudadanos argentinos que negociaron, participaron, acordaron y coadyuvaron a lograr los objetivos de una potencia extranjera -Irán-, que está demostrado judicialmente que ordenó/organizó/financió/instigó dos actos de guerra en el territorio nacional, contra ciudadanos argentinos desarmados e inocentes, y que han sido declarados delitos de lesa humanidad".

Según el juez, el ex canciller Héctor Timerman ejecutó las órdenes de la ex mandataria, quien "cambió de postura" respecto a la Presidencia de Néstor Kirchner sobre la actitud para con los iraníes acusados de volar la AMIA. Remarcó las negociaciones "secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional" con representantes de Irán: un total de tres en 2012 (30 de noviembre, 27 y 28 de diciembre) y dos en 2013 (3 y 23 de enero), estas últimas encabezadas por Timerman. Según indicó el fallo, el Memorándum de Entendimiento -con el que se buscaba indagar en Teherán a los acusados por el atentado- fue "el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo" presentado por el "Gobierno de Cristina Elisabet Fernández" para beneficiar a los iraníes a fin de favorecer el intercambio comercial. "Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner junto con, entre otras personas: su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Timerman, con la colaboración Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Andrés Larroque, Eduardo Zuain, Alberto D`Alotto", señaló.
Evaluó que mientras los imputados permanecieron durante un prolongado período "en las más altas esferas de influencia del poder estatal -y/o con nexos con el mismo, poseían determinadas capacidades que incrementan su potencial (contactos, información privilegiada, medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse, como para dificultar la producción de pruebas".