Asociaciones de consumidores advirtieron ayer al Gobierno que la propuesta de un incremento del 203% en la tarifa de gas continúa siendo elevada, a razón de que los salarios solo aumentaron un promedio de un 30% y solicitaron que se tenga en cuenta lo que se debatirá en la audiencia pública de la próxima semana.
Representantes de 32 asociaciones de consumidores de la Argentina fueron recibidos ayer por el jefe de Gabinete económico, Gustavo Lopetegui; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el interventor del Enargas, David Tezanos; y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.
"Proponemos una disminución gradual y previsible de los subsidios a la producción e importación de gas natural en los próximos tres años. Mantendremos la protección sobre los más vulnerables asegurándonos que la Tarifa Social llegue a quién la necesita", dijeron los funcionarios.
Aranguren y Lopetegui aclararon que el Gobierno busca generar conciencia sobre el uso racional energético en la economía lograr un "suministro energético más justo y que promueva la producción local y el trabajo argentino".
El encuentro se realizó en el Palacio de Hacienda, en el marco de las reuniones informativas acerca de la instrumentación de la readecuación de tarifas de gas, para la audiencia pública del 16 de septiembre.
La propuesta oficial contempla una suba promedio del 203% para los hogares en comparación con la tarifa actualmente vigente, pero por debajo del incremento en torno al 325% que había dispuesto a partir del 1º de abril, lo que había despertado rechazo en ciertos sectores y fue finalmente anulado por la Corte.
Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, dijo "todo aumento de tarifas tiene que ser gradual, razonable y pagable para los consumidores. Si será del 203% hay que analizar si no es desproporcionado con los aumentos de salarios y jubilaciones, que están en el orden del 30%".
La CAME apeló el fallo
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apeló ayer contra el fallo de la Justicia federal de San Martín, que rechazó la anterior acción de amparo presentada por la entidad contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Enargas que aumentaron el servicio público de gas. El fallo lo emitió el juez Oscar Alberto Papavero, juez a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín. La CAME apeló a la medida al argumentar que su estatuto social le otorga "las facultades necesarias para iniciar acciones de amparo en representación de las Pequeñas y Medianas Empresas del Comercio.
