El gobierno nacional podrá reestructurar las tarifas de la electricidad sin el peso de una sentencia en contra de la Corte Suprema. Es que el máximo tribunal tiene previsto pronunciarse en contra de los dos fallos que le pusieron límites a las subas dispuestas por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para los usuarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Fuentes judiciales adelantaron que hay consenso entre Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco para firmar una sentencia que tendrá dos ejes: rechazará los alcances del pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata e impugnará en virtud de un error procesal la resolución firmada por la jueza de San Martín Martina Isabel Forns.
La Corte había adoptado otro camino en el caso del gas. En una decisión que fue leída como un revés político por el Gobierno, decidió suspender los ajustes que afectaron a usuarios residenciales y le exigió al Ejecutivo que cumpliera con las audiencias públicas obligatorias que estipula la Constitución Nacional. Esos encuentros se realizarán la próxima semana en la Usina del Arte.
Si bien en un principio el Ministerio de Energía tenía previsto adoptar una política similar con la electricidad, la estrategia cambió sobre la marcha y en las últimas semanas los abogados del Gobierno recomendaron esperar la definición de la Corte.
El lunes, Aranguren adelantó que la administración de Mauricio Macri presentará una propuesta más gradual para actualizar el cuadro del gas. Habrá que esperar la letra fina del pronunciamiento que se espera para este martes en el Palacio de Justicia para empezar a conocer cuál será la nueva estrategia de Cambiemos con los precios de la luz.
El dictamen de Gils Carbó
La procuradora Gils Carbó emitió un dictamen -que no es vinculante- que convalida el fallo de la Cámara Federal de La Plata que frenaba los aumentos en las boletas de luz.
Tal y como lo había planteado en su decisión sobre el gas, reiteró el argumento de la falta de una audiencia pública para la aplicación de los cambios tarifarios, más allá de la falta de legitimación de los que hicieron la demanda.
Para la titular de la Procuración, corresponde que se hagan las audiencias antes de un aumento, ya que se encuentra en juego el acceso a un servicio básico y por el impacto social de esas medidas.
Fuente: Infobae.
