El ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, será investigado por el supuesto pago de sobreprecios en obras públicas en Santiago del Estero desde 2005, tras ser imputado por el fiscal federal Patricio Evers en una causa en manos de la jueza María Servini.
En la causa se investigarán supuestos sobreprecios en obra pública de esa provincia financiada por el Gobierno nacional y que según la denuncia de Roberto Azzaretto, se debía a un "modus operandi" a través del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, "que determinaba qué obras y qué precios debían realizarse y a qué empresas debían otorgarle la concesión".
En particular, según el dictamen de Evers, se hizo alusión en la denuncia al complejo de oficinas para el Ministerio de Economía y Educación de Santiago del Estero .
Se trata de dos torres de 20 pisos que construyó la empresa "Panedile" con un valor de 5.000 dólares el metro cuadrado.
También se denunció la repavimentación de la ruta provincial entre la ciudad de Loreto, a 50 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero, y Frías, en el límite con Catamarca.
Y también en la denuncia se mencionó la obra pública en el Dique de Figueroa del río Salado, con un supuesto sobreprecio de 100.000 dólares.
Además se aludió en la denuncia a sobreprecios en obras del aeropuerto de Termas, que nunca se habilitó.
El actual senador De Vido ya está procesado por la tragedia del tren de Once y fue indagado en otras dos causas, la compra de material inservible para el ferrocarril Belgrano a España y Portugal y la omisión en el llamado a licitación para renovar las concesiones de los trenes cuando fue funcionario.
Además es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la empresa Panedile dio a conocer un comunicado donde señala que "el ministro De Vido ni su Ministerio eran los comitentes de la obra, sino la Provincia".
En ese sentido, agrega que "el valor del m2 de las torres tomando el dólar a su valor al momento de la oferta (4 pesos) es de USD 3000 el m2 e incluía el proyecto llave en mano con todas las terminaciones y tecnología propias de un edificio inteligente".
"Fue una licitación pública cuyo resultado fue revisado y aprobado por un banco multilateral de crédito que era quien financiaba la obra y es evidente que si no se cumplían parámetros medios de precio no se hubiera logrado su aprobación", según el comunicado de la empresa.
Panedile sostiene que "las comparaciones de referencia del valor del m2 son intencionadas. El proyecto no es una vivienda social sino un edificio moderno e inteligente, de 48 niveles en total entre las dos torres.. Además cabe destacar que se incluía el amoblamiento y equipamiento interior completo, es decir el precio citado no era solo por la construcción".
Por último, el comunicado informa que "la obra está finalizada y entregada a la Provincia para que allí trabajen 1500 personas desde septiembre. Varias de las obras mencionadas en la denuncia no corresponden a obras ejecutadas por Panedile".
