La Cámara de Diputados aprobó ayer con 229 votos a favor y 4 en contra y giró al Senado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que obligará a los tres poderes del Estado y a los organismos autárquicos a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera.
Los únicos votos en contra pertenecieron a los diputados del Frente de Izquierda, que evaluó que la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo encargado de velar por la aplicación de la ley, será igual que "la inerte Oficina Anticorrupción".
De hecho, las pocas objeciones que recibió el proyecto en medio del amplio consenso se refirieron al hecho de que el director de ese organismo será propuesto por el Poder Ejecutivo sin intervención de los otros poderes del Estado, mientras que su remoción deberá ser consultada con una comisión bicameral del Congreso cuya opinión, sin embargo, no sería vinculante.
Esto fue modificado durante la votación en particular a pedido de la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, quien advirtió que la opinión de esa comisión del Congreso respecto de la remoción del funcionario debería ser vinculante, lo cual fue aceptado por el oficialismo.
La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como "un gran avance" para que el Congreso "cumpla con una deuda que arrastra desde hace muchísimos años" y agregó: "La transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, es una de las mejores herramientas para luchar contra la corrupción".
En tanto, Karina Banfi del interbloque oficialista afirmó que "con esta ley se está saldando una deuda con la democracia" y agregó que "la Ley de Acceso a la Información Pública es una nueva forma de gobernar".
La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite.
Los detalles del proyecto
El proyecto de Ley de Acceso tiene un alcance más amplio que el decreto firmado por el ex presidente Néstor Kirchner y cualquier funcionario que se niegue incurrirá en mal desempeño de los deberes de funcionario público.
El decreto de 2003 firmado por Kirchner establecía el acceso a la información solo en el ámbito del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto aprobado por la Cámara baja abarca también al Legislativo y al Judicial. Así lo indica el artículo 7, donde se establece que también están obligados a brindar información a quien la solicite el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros.
