Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques
presentaron ante el juez Julián Ercolini una ampliación de la imputación que
realizaran en agosto pasado en la que habían solicitado que la ex presidente
Cristina Fernández de Kirchner sea llamada a indagatoria por la millonaria
entrega de obra pública al empresario y socio del matrimonio presidencial
Lázaro Báez.
El juez Ercolini fijó fecha de indagatoria para la ex
Presidente para el lunes 31 de octubre. También fueron citados a declarar el ex
ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas
José López y el empresario Báez entre otros.
Los fiscales analizaron otras 15 obras públicas viales
realizadas por las empresas de Báez en las que se detectaron irregularidades.
Sostienen, en un dictamen al que Infobae accedió en fuentes judiciales, que del
nuevo análisis "se verifica que en todas las obras analizadas que le
fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz
se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en
los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario
amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado".
En su pedido de ampliación de imputación, los fiscales
listaron además 13 operaciones comerciales que realizaron Néstor y Cristina
Kirchner con empresas de Báez. Entre ellas se hallan la constitución de un
fideicomiso, una permuta y varias compra-venta de terrenos.
Pollicita y Mahiques detectaron –a partir de un informe de
la Dirección nacional de Vialidad- que un mismo representante técnico de la
empresa de Báez fue designado para controlar la marcha de caso dos decenas de
obras al mismo tiempo en toda la provincia de Santa Cruz. Y que se utilizó la
misma maquinaria vial para realizar diferentes obras que se superpusieron en el
tiempo.
En la ampliación de la imputación, los fiscales
establecieron que hubo reasignaciones de fondos destinados a contribuir con la
maniobra investigada: "Precisamente, se advierte que estas herramientas
colocadas a disposición de las autoridades de gobierno para manipular los
fondos públicos fueron de gran utilidad en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —con todo lo que este
implicaba en razón de su variada competencia— para desviar fondos de otras
áreas de esa cartera hacia la D.N.V., y de ese modo, cubrir las erogaciones de
las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de
obra pública vial al que no se le adeudaba nada al finalizar el mandato de
Cristina Fernández de Kirchner".
Para los fiscales, "así, al amparo del relato oficial
que hacía principal hincapié en la importancia de la obra pública vial como
motor para el desarrollo de la economía del país, se enmascaraba bajo este
manto de legalidad, la verdadera voluntad de los ex presidentes que consistía
en dotar de recursos a la Dirección Nacional de Vialidad para que, al menos en
la provincia de Santa Cruz, se instrumentara una matriz de corrupción dirigida
a sustraer fondos del Estado a través de la obra pública vial en complicidad
con empresarios amigos, entre ellos, Lázaro Antonio Báez".
Otras de las irregularidades detectadas por los fiscales es
la del proceso de licitación de las obras analizadas. Se detectó que se
presentaban tres empresas del mismo grupo empresario de Báez, que se alternaban
al momento de la adjudicación y que eso incrementaba el precio pautado en el
presupuesto: "El propósito de la participación múltiple en un mismo
proceso licitatorio, como dijimos, consistió en simular en los papeles una
supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que
permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y,
por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores
al presupuesto oficial".
Para Pollicita y Mahiques, en la maniobra en la que participaban
además las autoridades de Vialidad de Santa Cruz, la celeridad para entregarle
obras a Báez también constituye una irregularidad. Los trámites en los casos de
obras adjudicadas a algunas de las empresas de Báez tardaban mucho menos en
comparación con otros contratos realizados. Se detectó que "entre la fecha
de apertura de la licitación y el inicio de la obra transcurrían, en valores
promedio 38 días, cuando en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad,
según sostuvo el propio organismo, el término de duración habitual para
transitar esa etapa demoraba aproximadamente 210 días, es decir prácticamente
cinco veces más que en los casos en los que se presentaban las empresas de
Lázaro Báez".