sábado 26 de noviembre de 2022

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La imprenta a la que la presidenta anunció que quiere aplicarle la ley antiterrorista salió a defenderse

Donnelley acusó al Gobierno y sindicatos de precipitar la quiebra

La empresa que cerró sus puertas declaró su quiebra y se separó de los fondos buitre.

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Por Redacción El Ancasti
Dos días después que la Cristina Fernández dijera que buscará aplicar la ley antiterrorista a la norteamericana Donnelley, la compañía emitió un comunicado en el que acusó al Gobierno y a los sindicatos de precipitar su salida del país. Y destacó que "la única razón" por la que tomaron la decisión de declararse en quiebra es que no es una empresa solvente y que no tienen ninguna relación con los acreedores del país. Así, se despegó de las acusaciones de la Presidenta que ligaban al fondo BlackRock, accionista de la firma, con los fondos buitre.
"Thomas J. Quinlan, Presidente y CEO de RR Donnelley & Sons Company declara que, luego de mucha discusión, análisis y evaluación de diferentes alternativas para mantener la operación de RR Donnelley Argentina (RRDA), que tomó la difícil decisión de presentar su pedido de quiebra luego de 22 años de presencia en la Argentina", sostiene el comunicado y explica que el sector de la industria gráfica no es rentable y que las perspectivas a futuro tanto del rubro como de la empresa no eran positivas. Donnelley se presentó en quiebra el 11 de agosto y dejó sin trabajo a 400 personas.
Según el comunicado, publicado en El Clarín online, durante el análisis de las alternativas disponibles frente a la situación crítica de la empresa, la firma "obtuvo un Programa de Recuperación Productiva (REPRO) en septiembre de 2013, pero la Comisión Interna se negó a firmarlo, evitando que RRDA pudiera tomar decisiones que permitieran torcer el rumbo de la situación de la empresa y empeorando aún más la situación económica y financiera de la empresa". La empresa agregó que, "durante tres meses, mantuvo múltiples reuniones con los sindicatos nacionales y provinciales en busca de consenso para un Plan Preventivo de Crisis de modo de evitar la solicitud de la quiebra. Ese plan preveía la reducción de personal para que la empresa recupere su rentabilidad, pero ninguna de esas soluciones fue aceptada por los sindicatos".
Por último, la empresa apunta al Gobierno nacional y provincial. "RRDA se reunió y presentó un pedido al Ministerio de Trabajo de la Nación en el que se proponía la reducción de personal en la planta. Esto también fue presentado frente al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires previo al pedido de quiebra. Ambos ministerios rechazaron esa posibilidad".
"Como consecuencia, Donnelley se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra", agrega.
Para separarse de los fondos buitre, la firma declara que en la toma de esta decisión ni la casa matriz ni la filial local "involucraron a tercera parte alguna: ninguna otra empresa, accionista o persona física ajena a Donnelley participó. No tenemos ninguna relación con la actual situación generada con los acreedores de la Argentina".
También destacan que cumplieron con todas las normas. "Nuestra solicitud de quiebra presentada el 11 de agosto fue aprobada por el juez interviniente y un síndico fue designado en consecuencia. Como es usual en estos casos la Justicia actuó de manera perentoria con el objetivo de proteger las instalaciones, a los empleados y a los acreedores. Consideramos que esta cuestión puede ser resuelta por el juez y el síndico designado conforme las normas vigentes. RRDA no es una empresa solvente y esta realidad es la única razón por la toma de esta decisión".
El proyecto de modificación a la ley de Abastecimiento que tuvo en vilo, durante la semana, a todo el empresariado nacional fue nuevamente criticado desde distintos sectores. 

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