El presidente Néstor Kirchner respaldó al gobernador Carlos Rovira (Misiones) en su intento de reformar la Constitución para habilitar la reelección indefinida y forzó a la Iglesia a jugar un papel opositor a nivel nacional, que institucionalmente los obispos dicen no estar dispuestos a asumir.
Esa movida presidencial, sumada a un cruce verbal por la actuación de las partes en la última dictadura militar, puso la relación entre la Iglesia y el Gobierno en el grado de mayor tensión desde marzo de 2005, cuando el jefe de Estado desconoció la autoridad del obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto.
Al punto que la Casa Rosada formalizó una queja al Episcopado -que hasta ahora circunscribió la polémica a una puja provincial- por los dichos del obispo Juan Martínez (Posadas), dado que el gobierno evaluó como "un exabrupto" que el prelado pusiera en duda "el aval moral y curriculum de sufrimientos" de Kirchner para hablar de los años del proceso.
Pero el Episcopado que conduce el cardenal Jorge Bergoglio (Buenos Aires) busca evitar -dijeron fuentes eclesiásticas- entrar en el juego político de "competir en las urnas" que propone el primer mandatario, cuyos allegados anunciaron que volverá el 17 de octubre a Misiones para apoyar a Rovira y ponerle presión al obispo Joaquín Piña (Puerto Iguazú), candidato a convencional constituyente por el frente opositor. La estrategia institucional de la Iglesia es -revelaron las mismas fuentes- llamarse a silencio para no nacionalizar la polémica por la participación de religiosos en el campo político, que de por sí sacudió el frente interno.
"Una cosa es que la Iglesia se oponga a actitudes o leyes concretas de un gobierno por razones morales. Otra cosa, que se constituya en la oposición del partido mayoritario por ausencia de una oposición real. En ese momento la Iglesia se convertiría en un partido y dejaría de ser católica", sentenció monseñor Carmelo Giaquinta, ex responsable de la Pastoral Social.
Más allá de las precisiones del prelado, que consideró "un disparate total" esa idea que comenzó a tener cierto consenso social, se pudo saber que la postulación de Piña -que en los sondeos previos lo dan como ganador sobre Rovira- provocó reacciones encontradas entre los obispos.
Hoy priman dos posiciones, a lo sumo tres. Unos pocos, que ya se expresaron en ese sentido, que aplauden el compromiso de monseñor Piña por defender la democracia ante el "peligro inminente -según el prelado misionero- de que un gobernador, que ya controla dos poderes, convierta la provincia en un feudo".
En tanto, la mayoría considera que la cuestión de la reelección es opinable y que la acción partidaria corresponde a los laicos católicos formados en la doctrina social de la Iglesia.
También hay una línea intermedia que estima que la intervención de sacerdotes u obispos en política debe ser una excepción y sólo eso, pero tienen reservas en cuanto a que el caso Misiones se constituya como tal.
Otros, en cambio, sostienen que la incursión partidaria de religiosos podría debilitar las instituciones republicanas, al formar una concepción clerical de la política en la que -advierten- sociedad civil e Iglesia "terminarían perdiendo".
"Un sacerdote no puede hacer un guiño a favor de un partido político u otro. Ni tampoco permitir que nadie -persona o grupo social- reclame ser la encarnación plena de la doctrina social de la Iglesia", sentencia monseñor Giaquinta.
