lunes 17 de enero de 2022

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Procesaron a De la Rúa

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29 de septiembre de 2006 - 00:00
El juez federal Jorge Luis Ballestero dispuso ayer el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro Domingo Cavallo y los ex funcionarios del área económica Daniel Marx y Jorge Amadeo Baldrich, por la presunta comisión de delitos en el denominado "megacanje".

Ballestero dispuso embargar a De la Rúa y Cavallo por treinta millones de pesos a cada uno; a Marx por veinticinco millones de la misma moneda y a Baldrich por diez millones, pero no dictó la prisión preventiva de los procesados.

La medida está contenida en la misma resolución por la que el magistrado dictó la "falta de mérito" para procesar o sobreseer a Horacio Tomás Liendo

En una resolución de 44 carillas -a la que tuvo acceso Télam- el juez recordó que "la hipótesis sobre la que se ha venido trabajando se edifica a partir del presupuesto que el megacanje resultó altamente perjudicial para el país".

En el expediente se denunció que los funcionarios que intervinieron en la operatoria "actuaron a sabiendas que mediante su accionar el Estado sustituyó un calendario de pago por otro en el que, para lograr un alivio financiero de 12.840 millones hasta el año 2005 inclusive, se incrementaron los vencimientos hasta el año 2031 en más de 55.000 millones de dólares".

"Las conductas reprochadas a aquellos que debían velar por los intereses nacionales se habrían producido en el transcurso de negociaciones, gestiones, propuestas, impulsos", entre otras acciones llevadas a cabo por los imputados.

En la causa -en la que el ex diputado Mario Cafiero fue querellante- se denunciaban esas conductas "y otros actos tendientes al ocultamiento del delito perpetrado mediante el falseamiento de los resultados de la operación de canje a los organismos de control".

Esos argumentos fueron recordados por el juez en la introducción al análisis de la prueba recogida donde evaluó, entre otras constancias, una pericia que "resultó esclarecedora" y donde los expertos "describen de manera minuciosa la difícil situación económica-financiera por la que atravesaba nuestro país en 2001".

"Demostrada la sinrazón del canje aprobado, como así también, que era absolutamente previsible que el país caería finalmente en default y que el escaso tiempo que se comparaba aumentaría enorme e injustificadamente la deuda pública, es posible sostener que los imputados obraron con absoluta conciencia que actuaban en perjuicio de los intereses nacionales", concluyó Ballestero.

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