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Comenzaron a publicar las leyes secretas

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13 de septiembre de 2006 - 00:00
El incremento en 625 millones de pesos de las partidas disponibles para los jerarcas de la última dictadura militar, y el recorte de poder que por ese entonces golpeó a la Confederación General Económica (CGE) y a la CGT, son algunas de las hasta ahora normas secretas que ayer se pudieron leer en el Boletín Oficial.

Con la publicación de esas normas, el Poder Ejecutivo dio el puntapié inicial para cumplimentar lo votado por el Congreso Nacional del 16 de agosto último, cuando anuló el carácter secreto de unas 141 leyes dictadas entre 1891 y 1983, y estableció que, en un plazo de dos meses, esas normas debían ser publicadas.

Las primeras páginas de la edición de ayer del Boletín Oficial incluyen diversas "leyes" correspondientes a las dos últimas dictaduras, con firmas como las de los ex ministros José Alfredo Martínez de Hoz, Albano Harguindeguy, José María Klix y Horacio Tomás Liendo, entre otros.

También, entre la decena de leyes que hasta ayer habían permanecido secretas, se cuenta una que retrotrae inevitablemente a la Masacre de Trelew, el asesinato a sangre fría el 22 de agosto de 1972 de 16 militantes que seis días antes habían intentado infructuosamente fugarse de la Base Almirante Zar.

Esos fusilamientos, ocurridos durante la dictadura de Agustín Lanusse, constituyeron en los hechos el inicio del terrorismo de Estado en el país, que fue retomado y desarrollado luego con atroz virulencia por el régimen instalado a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.

Puntualmente, la norma publicada ayer en el Boletín Oficial dispuso, en mayo de 1975, el ascenso del conductor del automóvil en el que viajaba el entonces vicealmirante Hermes Quijada en el momento en que fue asesinado.

Hermes Quijada -un alto jefe de la Armada quien en agosto de 1972 había dado la falsa versión oficial de lo ocurrido en la Masacre de Trelew- fue asesinado en pleno centro porteño el 30 de abril de 1973 y en ese hecho, su chofer, el cabo primero Rufino Ocampo, comenzó a disparar y asesinó a Víctor José Fernández Palmeiro, un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La Ley 20.394 de ese año, dispuso el ascenso de Ocampo por entender que había actuado "con una actitud plena de valentía y arrojo, tratando de repeler esa agresión y perseguir a su ejecutor" y señaló que "la acción terrorista" se había "cobrado una nueva vida en la persona del señor vicealmirante D. Hermes José Quijada".
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