jueves 26 de mayo de 2022

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El Gobierno tendrá que indemnizar a exiliados políticos

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21 de octubre de 2006 - 00:00
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal admitió los reclamos indemnizatorios hechos por varios exiliados políticos de la dictadura militar y dispuso que el Ministerio de Justicia de la Nación debe otorgarles esos resarcimientos económicos.

En varias resoluciones correspondientes a distintas causas, a los que DyN tuvo acceso ayer, las salas IV y V del tribunal de alzada fallaron contra la política aplicada por el ministro Alberto Iribarne, que rechazó los pedidos de los exiliados.

Los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Eduardo Morán, Alejandro Uslenghi, y Guillermo Galli dictaminaron en varios expedientes que "corresponde hacer lugar a la petición del recurrente" así como "ordenar que el expediente vuelva al Ministerio de Justicia".

"Por quien corresponda (en el Ministerio) se dicte nueva resolución en el caso, reconociendo al actor la indemnización de la ley 24.043 por los períodos que acredite haber estado exiliado del país", dispusieron los jueces en las apelaciones presentadas por varios exiliados, con la asistencia letrada del abogado Andrés Beccar Varela.

La ley 24.403 establece que el Estado debe pagar indemnización a quienes hayan estado presos por motivos políticos entre noviembre de 1974, cuando el Gobierno de "Isabel" Perón implantó el Estado de Sitio, y el final de la dictadura, el 10 de diciembre de 1983.



Menem

Entre otros destacados políticos que se acogieron a esa norma y cobraron indemnizaciones figura el ex presidente Carlos Menem, por la detención de dos años que padeció desde el 24 de marzo y los tres años de domicilio forzado en la localidad formoseña de Las Lomitas, hasta 1981.

A falta de una ley específica para el caso del exilio, ya que el anteproyecto respectivo tiene media sanción en el Senado pero el Gobierno nacional desactivó su aprobación en la Cámara de Diputados, los exiliados invocaron la ley 24.043 y consiguieron ser equiparados a los presos políticos en los fallos judiciales.

En ese sentido, los camaristas en lo Contencioso Administrativo tomaron como precedentes los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el reclamo indemnizatorio de los exiliados Susana Yofre de Vaca Narvaja -madre de la diputada Patricia Vaca Narvaja y el ex dirigente de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja- y Héctor Dragoevich.

También consignaron que el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó la obligación del Estado de indemnizar a los exiliados porque irse del país "fue la única y desesperada alternativa para salvar la vida ante la amenaza del propio Estado o de organizaciones paralelas".

El ciudadano que debió irse del país porque era perseguido, concluyeron los camaristas, "quedó atrapado en la falsa opción de riesgo para su vida e integridad física o exilio inexorable como único medio de torcer el destino de muerte que se cernía sobre él".
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