Momentos de máxima tensión, incertidumbre, impotencia y forcejeos se vivieron ayer cuando cerca de 100 efectivos policiales -entre grupos de operaciones especiales, infantería, policía montada y sección canes-, usaron la fuerza para secundar a la joven oficial de justicia que notificó de la orden del sorpresivo desalojo de casi 50 familias del asentamiento Valle Hermoso, en el Camino de la Virgen, a la altura del vado sobre el Río del Valle.
Decenas de personas mayores, niños y mujeres embarazadas que en su mayoría llevan más de doce años asentadas en terrenos pertenecientes a la provincia, con viviendas realizadas con bloques o materiales cocidos -muchas de ellas con techos de caña-, fueron sorprendidas en la madrugada, aproximadamente a las 6, cuando se les ordenó que desalojen las viviendas, en muchos casos sin tener en cuenta el estado de salud de sus ocupantes ni donde podían ir con sus pertenencias.
Además del personal policial, en la zona hubo cinco ambulancias del SAME, una dotación de bomberos y decenas de móviles policiales.
Todos comenzaron a ser desalojados por la fuerza pública pasadas las 10.30, y el operativo se extendió hasta avanzada la noche, cuando por pedido de la Justicia ante la resistencia a desocupar los edificios, los usurpadores abandonaron sus viviendas y se instalaron al frente de sus respectivos lotes con grandes fogatas para pasar una noche de vigilia, a la espera de una orden que anule la drástica medida.
Pero mientras esto sucedía, otro grupo recorrió ruidosamente las calles del centro de la Ciudad rechazando el procedimiento, y llegaron a quemar cubiertas frente a la casa de la gobernadora, Lucía Corpacci, repudiando los dichos y el proceder del segundo al mando de la Secretaría de Seguridad, Leonardo Berber, quien aseguró durante la mañana que en el asentamiento no había mujeres embarazadas, niños, ni ancianos, lo que fue desmentido por el flamante jefe de Policía, Orlando Antonio Quevedo, y el director del SAME, Norberto Bazán, aumentando el enojo de los desalojados, quienes repudiaron y hasta amenazaron a Berber, quien debió abandonar el lugar y guarecerse dentro de un móvil policial ubicado a metros del asentamiento.
El procedimiento
Ante la negativa de los vecinos a abandonar sus viviendas, la oficial de Justicia junto con personal policial ingresó a los domicilios de manera intempestiva y en varios casos redujeron a los propietarios usando la fuerza y provocando airadas manifestaciones de protesta.
Si bien en el lugar había personal de la Dirección de Infancia y Adolescencia y personal de SAME, no hubo contención psicológica para las decenas de menores que presenciaron el trabajo policial reduciendo a sus progenitores o vecinos.
El llanto de los niños se mezcló con el ladrido de perros enardecidos que intentaban defender a sus dueños en pleno operativo, mientras personal de la Sección Canes se disponían a dejar el móvil en el que esperaban la orden para entrar en acción, mientras sus colegas luchaban con un pitbull.
Algunas personas resultaron lesionadas por los perros y otras 10, entre menores y embarazadas, debieron ser asistidas por el SAME por cuadros de descompensación.
La orden era clara: los menores cuyos padres no pudieran garantizar su destino tras el desalojo serían enviados a la Casa Cuna y las personas mayores que no tuvieran donde alojarse, serían trasladadas al geriátrico provincial.
Varios vecinos optaron por la resistencia y amenazaron con prenderse fuego junto a sus hijos, hacer explotar una garrafa, electrocutarse y hasta con clavarse un cuchillo en el pecho.
Otros abandonaron pacíficamente su hogar llevándose las pertenencias en un flete y algunos enviaron sus hijos a la casa de amigos o familiares, y se quedaron a resistir el desalojo.
Se pudo conocer que varias familias estarían siendo asesoradas por el abogado Sebastián Vergara, y que en la jornada de ayer habrían presentado a la Justicia un recurso de amparo colectivo solicitando que se suspenda la medida de desalojo.
Las denuncias y la orden de desocupación
El pedido de desalojo fue realizado por el fiscal Javier Herrera, quien en diálogo con este diario informó que se debió a "denuncias efectuadas la semana pasada por el Fiscal de Estado, con documentación y constataciones concretadas por ellos meses atrás, junto con personal de Catastro; a lo que se sumó una presentación por parte de la Secretaría de Seguridad".
El funcionario judicial explicó que desde Fiscalía se pedía "preservar el patrimonio del Estado, o sea los terrenos", y que desde Seguridad "solicitaron actuar cuanto antes por el riesgo de inundación en la zona y el consecuente riesgo para la gente". Tras el pedido que se realizó el jueves, Herrera salió de licencia y a cargo quedó el fiscal Exequiel Walter.
La orden fue emitida ayer por el Juez de Control de Garantías, Antonio Carma, y en la ejecución participaron todos los oficiales sumariantes de la Unidad Judicial N°3 -que debió ser cerrada momentáneamente-, más la colaboración de sumariantes de la Judicial N°7.
La intempestiva medida por dentro
Si bien fueron desalojadas todas las familias, hubo dos casos que marcaron la jornada de ayer. Una abuela de 85 años que se encontraba postrada en una cama ortopédica y con quebradura de cadera fue desalojada y trasladada al Hospital de Urgencias, mientras que en un domicilio cercano, una familia compuesta por una pareja de jóvenes y cinco niños menores, dos de ellos mellizos de 2 meses, también fueron echados a la calle.
Los dos casos provocaron la reacción de resto de los vecinos, quienes intentaron interrumpir el procedimiento sin éxito. Norberto Bazán, director del SAME, dijo que la abuela no había podido ser operada porque la familia no pudo comprar la prótesis, y consideró que "el estado general de la señora es bueno".
Por su parte Liliana Castro, mamá de los 5 niños, lamentó la situación y confirmó: "Vamos a pasar la noche todos juntos en la calle, encima de un colchón y cocinando en una fogata. No voy a abandonar a mis niños porque no tengo más adonde ir". Hubo fuertes críticas e insultos para el secretario de Seguridad, Marcos Denett, al que calificaron de "insensible y despiadado que busca hacerse de más terrenos, como hizo con otros desalojos” en zonas aledañas. También hubo agravios y descalificaciones para el Jefe de Policía y la Justicia por la "falta de personas que asistan a los más chicos. No puede ser que nos caguen a palos, nos tiren las cosas a la calle y todo delante de los hijos. ¿Qué van a pensar ellos cuando sean más grandes con esto que están viendo ahora?".
En sus viviendas, los usurpadores contaban con agua corriente y, en muchos casos, con servicio de energía eléctrica y medidores.
El asentamiento cuenta con calles de tierra y se encuentra al frente de otro poblado precario -de menos antigüedad en la zona-, que al cierre de esta edición le fue suspendido el servicio de energía eléctrica por parte de la EC SAPEM, por lo que se temía que el operativo continúe en las próximas horas.