En el marco del Congreso Nacional de la Asociación de Magistrados de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), que se desarrolló entre el jueves y el viernes pasado, especialistas en la materia de distintos puntos del país debatieron en Catamarca. La actividad fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia.
Norberto Liwski, presidente del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, estuvo al cierre de este congreso y en una charla con El Ancasti el médico remarcó sobre la importancia de fortalecer al Sistema de Protección de chicos y chicas, dado que se debe exigir la presencia del Estado para contener y no para castigar. Los niños, niñas y adolescentes no distinguen excesivamente quiénes son los que en representación del Estado acuden en su ayuda, advirtió. Según Liwski, ellos necesitan que concurran en su ayuda, encontrar la mano solidaria, independientemente de la formación profesional.
"El ámbito de los derechos de los niños necesita de la interdisciplina y, desde esa perspectiva, el modesto aporte que se pueda brindar, a través de largos años de experiencia. Cuando el niño atraviesa circunstancias difíciles de su desarrollo y generalmente en los planos de la exclusión social, de la pobreza, de la falta de contención familiar o comunitaria, el Estado, lejos de aproximarse con la mano solidaria para favorecer que pueda encontrar sus mejores capacidades, formular un proyecto de vida integrado a su comunidad, desarrollar plenamente sus actitudes y capacidades, va perdiendo todas esas oportunidades; de pronto se encuentra en su vida complicado en el conflicto penal y en lugar de haber encontrado en el ámbito de educativo, recreativo, deportivo, en el arte, que le brindaran desde el Estado a integrarse en plenitud, encuentra el Derecho Penal”, señaló.
En este sentido, Liwski consideró que el Derecho Penal es una respuesta necesariamente parcial. Para el médico puede ser siempre mejorable, pero, al mismo tiempo, si las políticas públicas que están expresadas en las leyes, particularmente en la Ley de Promoción y Protección Integral de Derechos, no están suficientemente sostenidas, con financiamientos adecuados, con cursos distribuidos oportunamente, llegando a los lugares más críticos para la niñez, con la precocidad que necesita este tipo de intervención, lamentablemente lo que el chico reconoce como Estado es el sistema penal. "Cuando ya reconoce al Estado como la única respuesta a sus necesidades, casi siempre estamos en un momento muy tardío de las necesidades para darle una respuesta”, alertó.
El suicidio es un tema de preocupación para las autoridades catamarqueñas, comentó Liwski. Al respecto, se reunió con funcionarios del área de Salud Mental por los casos de suicidios adolescentes. "Se da con una frecuencia inesperadamente alta en el ámbito de la privación de la libertad. También hay suicidio adolescente por fuera de la privación de la libertad, que en Argentina trepó a cifras preocupantes, al extremo de que si tomamos las causas de mortalidad adolescente por razones externas, como violencia, que autoinfringirse violencia, el suicidio trepó al 19 % de las causas de muerte por causas externas. Por un lado, aquellos suicidios que suceden en ámbitos del sistema penal, generalmente con privación de la libertad, o aquellos que suceden por fuera de este sistema son signos de alarma de una sociedad que necesariamente está indicando que hay sectores de la adolescencia que no le encuentran sentido a su propia vida y, muchas veces, el único camino que encuentran es anularla”, remarcó en el ámbito nacional.
El consumo de paco entre los chicos pobres
Además, Liwski, con relación a los peligros a los que los chicos están expuestos, alertó que la difusión que está teniendo el paco indudablemente es entre jóvenes más pobres de los distintos rincones del país. Según el profesional, la producción de paco es homicida, destinada a la destrucción de quienes la consumen. "Quienes lo consumen generalmente son niños y niñas en estado de exclusión, de pobreza extrema; aumenta con eso el nivel de segregación del niño o niña respecto de su comunidad porque la misma comunidad los rechaza. Esta sustancia es altamente tóxica, destructiva, en muy corto plazo y proveedor de conductas incontroladas. Es un delito permitir que esto circule. No solo es un delito penalmente grave, sino que socialmente es repudiable. Tenemos que proteger a nuestros chicos del consumo. Es entonces que necesitamos que el sistema penal (de adultos) actúe para frenar la producción de esta sustancia tóxica”, señaló.
