miércoles 19 de junio de 2024
había ingresado En la Cámara de Diputados de la Provincia

Perdió estado parlamentario un proyecto de aborto no punible

Se había presentado hace tres años. No obstante, todavía tiene vigencia otra propuesta parlamentaria.

Por Redacción El Ancasti

A tres años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la no punibilidad de los abortos en caso de violación, Catamarca es una de las nueve provincias argentinas que aún no cuenta con un protocolo. Aunque en 2012, en la Cámara de Diputados de la Provincia se presentaron dos propuestas, una de ellas ya perdió estado parlamentario. Las autoras de las iniciativas fueron Marita Colombo (FCS), cuyo proyecto pasó a archivo, y Cecilia Guerrero (FV), que todavía mantiene estado parlamentario.

Consultada por Diario El Ancasti, la legisladora de la Cámara baja, Marita Colombo, contó que había dos proyectos sobre Protocolo para los Hospital Públicos para Abortos No Punibles. Según la diputada, su propuesta fue presentada al poco tiempo que el máximo tribunal de justicia del país haya sentado jurisprudencia sobre la no punibilidad del aborto.

"En ese momento pedí al Ministerio de Salud que se estableciera un protocolo claro sobre cómo actuar frente a estos casos. En muchas situaciones se trata de pacientes que fueron violadas o con alguna discapacidad mental y los médicos se niegan a hacer el aborto por temor a la Justicia”, remarcó.

En este sentido, Colombo consideró que la Provincia tiene, a través del Ministerio de Salud, que garantizar que en los hospitales públicos, tanto a nivel institucional como en el desempeño del profesional, tengan un protocolo de actuación para casos de pacientes que ingresan y a quienes, dentro del marco de la Ley Penal, se les puede practicar un aborto con el carácter de no punible por haber sido víctima de una violación o por estar en riesgo la salud de la madre y del niño o por ser una mujer con discapacidad. Para la diputada, éstas son las tres situaciones por las que un médico, en un establecimiento público o privado, puede proceder a efectuar un aborto que será considerado no punible.

"Para el hospital público se requiere este protocolo por los juicios por mala praxis y por todas las connotaciones que tiene el tema. Se requiere de un protocolo de actuación acordado en el Ministerio de Salud. Por otro lado, puede haber profesionales que tengan objeción de conciencia. Todo eso debe estar reglamentado. Lo concreto es que existe el derecho de la mujer, en cualquiera de esas tres situaciones, a solicitar el derecho a que se le realice un aborto en el marco de la Ley vigente. Se lo deben realizar en el hospital público. En algunas circunstancias eso fue negado y ello fue motivo para presentar estas iniciativas”, aseveró. 

Si bien en marzo de 2012 se sentó este importante precedente a nivel país, hasta el momento, la Provincia de Catamarca no tuvo una acción concreta. El año pasado, la Comisión de Salud de la Cámara baja había anunciado que el tema estaría en agenda pero, finalmente, no tuvo tratamiento. 







EN EL PAÍS


¿Cuál es la 
situación? 



 Nueve jurisdicciones no cuentan aún con protocolos, pese al exhorto de la Corte. Se trata de Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la jurisdicción nacional.
 Ocho jurisdicciones regulan los permisos con exigencias que pueden dificultar el acceso a los abortos no punibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cuyos requisitos se encuentran suspendidos por orden judicial), Córdoba (actualmente suspendido parcialmente por orden judicial), Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.
 Ocho jurisdicciones poseen protocolos que se corresponden, en buena medida, con lo dispuesto por la Corte. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
 El protocolo de Salta es el que más se aleja de los estándares sentados por la Corte Suprema. Entre los obstáculos, el protocolo salteño no regula el acceso al aborto en los casos de problemas de salud de la madre y obliga a la intervención de un defensor oficial, un organismo de asistencia a las víctimas del Ministerio Público, o un asesor de menores e incapaces.
 El protocolo de Misiones se corresponde, en buena medida, con lo dispuesto por la Corte y, además, avanza en el reconocimiento del derecho de las mujeres con discapacidad a prestar su consentimiento libre e informado para acceder a la práctica y prevé un sistema de apoyos y salvaguardas en caso de que las mujeres con discapacidad así lo requieran.









Detalles de un precedente


En el fallo la Corte de Justicia estableció entre otras cosas que:
* El permiso para el aborto procede en todos los casos de violación, sin importar la capacidad de la mujer (hasta entonces, por cómo estaba redactado el artículo, había un debate sobre si solo podría practicarse sobre "mujeres idiotas”);
* No se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso;
* El único requisito habilitante para el aborto sea una declaración jurada;
* Se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria;
* Se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
* Se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados;
* La objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente (esto permite que en caso de que un médico declare objeción de conciencia se pueda prever la presencia de otro médico para asegurar el acceso).
Se debe tener en cuenta que aunque no es obligatorio tener un protocolo, el hecho de que no exista, muchas veces significa que, en la práctica, no se pueda acceder a un aborto no punible porque no hay una guía que establezca claramente cómo se debe actuar en estos casos.

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