lunes 17 de enero de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Campo Las Heras: condicionan tareas

La Justicia hizo lugar al recurso de amparo presentado la semana pasada. Para seguir trabajando, se deberán tomar precauciones como regar.

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de septiembre de 2006 - 00:00
La jueza Ilda Figueroa, responsable del Juzgado de Menores de Primera Nominación, ordenó al Poder Ejecutivo Provincial y al Poder Ejecutivo de la Municipalidad de la Capital detener los movimientos de tierra en las obras que se realizan en Campo Las Heras, a menos que se tomen las precauciones necesarias para evitar las nubes de tierra que genera el trabajo.

La magistrada hizo lugar de este modo al recurso de amparo presentado por los abogados Marcos Denett, Tadeo Herrera y Gustavo Saadi, los dos últimos en representación de Compromiso Social, una organización no gubernamental en formación.

Figueroa recibió por sorteo la presentación, formalizada ante la Corte de Justicia, y acompañó el criterio de la fiscal María Villarroel, que ya había considerado procedente el reclamo.

Esta medida cautelar no obliga a interrumpir los trabajos que se realizan, pero sí exige tomar “medidas pertinentes” para no generar “polución y/o contaminación ambiental”.

El pedido judicial para que se detengan los trabajos de movimiento de tierra en la ciudad apuntan a “asegurar y garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho a la salud” de la población, y los abogados que lo interpusieron responsabilizaron por las cuestionadas tareas al Estado provincial y a la Municipalidad de la Capital.

La presentación de los abogados especificó que en Campo Las Heras la situación actual es “verdaderamente un pandemonium ambiental a raíz de la tierra que se levanta a la atmósfera, ocasionado graves problemas a la salud” a la población, que debe enfrentar “afecciones respiratorias, visuales, alergias, obstáculo a la visión de los transeúntes y conductores de vehículos particulares y públicos”, al tiempo que se vulnera “el derecho de gozar de un ambiente sano y equilibrado”.

“Dichas actividades de ingeniería civil realizadas por el Estado Provincial y/o Municipal han perjudicado a los derechos más elementales”, por lo cual consideraban justo “reclamar al Estado Provincial la inmediata disposición de medidas urgentes y necesarias para evitar que se continúe contaminando el medio ambiente de esta ciudad (riego permanente, controlado y auditado)” y la adopción de “medidas urgentes para eliminar la grave contaminación y/o afección al medio ambiente de esta Capital y en su defecto, para el caso de continuar contaminando, el inmediato cese de actividades de movimiento de suelos y continuidad del riego solicitado hasta eliminar la causa generadora de contaminación ambiental”.

El recurso judicial, avalado por Figueroa, planteó que “siendo que en nuestro medio no existe un funcionario que se encuentre a disposición de los vecinos para protegerlos frente a la mala actuación de la Administración Pública o sus agentes, cabe reconocer la legitimación activa a los suscriptos en la presente causa, no solo a título personal, sino también en función de los intereses difusos de la comunidad, al encontrarse gravemente afectada y/o comprometida la salud pública de la comunidad de esta ciudad. Los intereses difusos pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario. En tal sentido se ha dicho que: ‘Si el interés colectivo o difuso no tiene ubicación específica en nuestro ordenamiento legal, no hay duda de que se le debe abrir espacio partiendo de la base de los conceptos existentes en materia de legitimación, adecuándolos a las exigencias de la realidad; paralelamente, las vías procesales vigentes tendrán que ser adecuadas a los fines del juego de los derechos inherentes a tales intereses. De esta manera, y si se dan los presupuestos comunes al amparo, ningún inconveniente existe en proporcionar esa vía para la puesta en marcha y aplicación de la tutela consiguiente. En el campo de ‘los intereses difusos’ es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa; respecto de ellos el derecho objetivo tiene que acordar un esquema de protección, dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto”.

En igual sentido, se añadió que “en cuanto a la legitimación activa para instar una causa judicial tendiente a reclamar la protección de los llamados intereses colectivos o difusos, toda vez que aparece comprometido de manera exclusiva un interés individual o particular (trátase en el caso del derecho a la salud pública); existe una marcada evolución ante la falta de legislación local o nacional que específicamente contemple la protección de tales derechos propiciándosele sea acordada al Ministerio Público o a las asociaciones que tengan por finalidad la protección de alguno de los derechos comprendidos en dichos conceptos o en la necesidad de creación para tal fin de un funcionario con similares facultades del ‘ombudsman’ escandinavo, hasta llegarse a ser admitida por toda persona, como en las nuevas constituciones de San Juan y Salta. No queda ninguna duda de que los intereses involucrados (ambiente sano y salud en general) se encuentran conculcados por la actividad que despliega la Administración Pública en el cumplimiento parcial e irrazonable de sus deberes”.

La medida no tiene precedentes cercanos en Catamarca y sienta jurisprudencia sobre el poder de la ciudadanía para avanzar en la defensa de sus derechos por sobre las acciones estatales.

En los próximos días se verá de qué modo responden los gobiernos, provincial y municipal, para acatar esta medida judicial, que llega para responder a las insistentes protestas de buena parte de la población capitalina, por los problemas que ocasionó el movimiento de tierra, especialmente en los días de viento intenso.
Temas
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Amenaza. si no se paga la deuda, el lunes podría haber paro. 

Te Puede Interesar