viernes 27 de mayo de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rectores piden más precisiones

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2006 - 00:00
Frente a la inminente redacción del anteproyecto de la ley de Educación Nacional, los rectores de las universidades del país quieren más tiempo, para que el Gobierno les explique el modelo de país y de sistema de enseñanza, y que se derogue la ley Federal de los 90.

También aspiran a que les contesten si habrá políticas que reviertan la exclusión y la desigualdad, que se defina el rol del Estado respecto a la enseñanza y si se trazará un diagnóstico de la situación de todos los niveles del aprendizaje.

Parte de estas críticas demandas al borrador del Gobierno para una nueva ley de Educación Nacional, las volcaron en un documento emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los conductores de las 39 casas de altos estudios públicas.

Algún rector de una importante universidad dijo a DyN por lo bajo que el CIN ya "no cumple ninguna función importante" y que no se siente representado, por lo que habrá que tomar con cautela la crítica postura, que tal vez no englobe una opinión uniforme.

Más allá de ello, es auspicioso que el sistema universitario opine de algo que no le es ajeno, ya que representa uno de sus estamentos y la integra indisolublemente.

Los rectores consideran que el documento base del Ministerio de Educación, sometido a discusión desde mayo último ante diversos representantes de la sociedad, "contiene un conjunto de intenciones consideradas válidas, en concordancia con la urgencia e importancia que reclama la resolución de los problemas del sistema educativo en su conjunto".

También valoraron la propuesta del Ministerio de unificar el sistema educativo nacional y la participación de las provincias y las regiones en la toma de decisiones.

Sin embargo, como instituciones no sólo académicas sino también políticas -formadoras de profesionales y dirigentes del país- demandaron que "se explicite de manera clara el modelo de país y la voluntad política de construir un Estado y una Sociedad diferentes que rompan con el proyecto global neoliberal".

Para ello, dijeron los integrantes del CIN que "se debe operar con autonomía e independencia de principios, tomando el Estado a su cargo la educación pública y evitando la dependencia con los mecanismos mercantilizados que han venido regulando el sistema".

Entienden, a la hora del debate para la nueva ley, que finalizará en octubre próximo, que el mejoramiento de la educación debe ser acompañado de "políticas concurrentes que garanticen acciones orientadas a revertir la desigualdad y exclusión social existentes".

"El objetivo central de la nueva Ley debe girar en torno el establecimiento de la condiciones que permitan garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la educación, tal como lo exige la Constitución Nacional", sostuvieron los rectores.

Entre las "condiciones" que le pidieron a la consulta, figuran el cronograma, por entender que los plazos (180 días) “comprometen la real participación y el análisis exhaustivo" y además que el "consenso social al que el documento base refiere demanda más tiempo de debate y difusión así como igualdad de oportunidades para el acceso y análisis de la información".

Cuestionan que las limitaciones de tiempo "generan serias dudas y generalizado escepticismo" respecto del impacto real de las propuestas que surgiesen desde los distintos espacios de discusión.

También cuestionaron los rectores que el Documento oficial "carece de un diagnóstico de la situación educativa del país que permita evaluar y considerar los problemas y sus posibles soluciones" y que ese trabajo debería abarcar los niveles local, provincial, regional y nacional.

Sobre la financiación se pronunciaron por una "mejor definición de los criterios que orientan la asignación de recursos", con el objetivo, según dijeron, de "beneficiar a las poblaciones más necesitadas, redistribuyendo los recursos de modo que garanticen un desarrollo más armónico de la oferta educativa".

Te Puede Interesar