La ejecución presupuestaria educativa no está en Internet

6 de diciembre de 2006 - 00:00

Catamarca es una de las provincias que no está cumpliendo con la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 en lo que respecta a informar a los ciudadanos sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados para la educación, con vistas a alcanzar la meta definitiva del 6 por ciento del PBI para gasto educativo.

La provincia debería informar acerca de las metas de financiamiento a través de una página en Internet, tal como lo prevé la ley. Pero la página oficial del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -que está en la dirección http://www.meccyt.catamarca.gov.ar- no dispone de información presupuestaria.

El director provincial de Administración y Control de Gestión de ese ministerio, Guillermo Abel, en una entrevista realizada en julio de este año, señaló a El Ancasti que en la provincia de Catamarca, con los incrementos del gasto para educación a través de los presupuestos de los años 2005 y 2006 “estamos varios millones más arriba de lo que teníamos que estar de acuerdo a la ley”. Pero esa afirmación no es suficiente para satisfacer el requerimiento de la ley sancionada a fines de diciembre del año pasado.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas no cuenta con página en Internet. Una fuente oficial del ministerio consultada ayer mismo señaló que el sitio web está en construcción y podría ser presentado oficialmente la semana que viene. Inclusive, ese déficit significa un incumplimiento con la “transparencia fiscal”.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) difundió un informe del monitoreo que viene llevando a cabo sobre las “limitaciones y amenazas” para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, en el que señala que la Ley 26.075 presenta dos tipos de metas: las educativas y las de financiamiento propiamente dichas que son las que ahora más interesan.

El artículo vulnerado

El artículo 16º de la Ley de Financiamiento dispone que “el Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar regularmente la información sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, informando en particular sobre el gasto por alumno, la participación del gasto en educación en el gasto público total, el grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras comprometidas y las inversiones realizadas en el período”.

Agrega que “esta información deberá estar disponible públicamente en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la presente ley”.

El CIPPEC sostiene que para monitorear las metas de financiamiento educativo se hace necesario contar con información sobre ejecución presupuestaria para los años de vigencia de la ley para la Nación y para cada una de las provincias. En especial, se requiere información sobre la ejecución del gasto por finalidad y función, para poder así identificar las partidas en educación.

Para el monitoreo a nivel nacional, la información ya se encuentra disponible en los respectivos sitios web del Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Las fuentes nacionales son: la Oficina Nacional de Presupuesto, la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la Provincias, y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Las fuentes provinciales, en cambio, son los ministerios de Educación provinciales -que en general “no publican sus presupuestos educativos en sus páginas web”- y los ministerios de Economía provinciales.

El CIPPEC advierte que “en la mayoría de las provincias no hay información actualizada sobre ejecución presupuestaria y presupuesto provincial para el año 2006, como lo establece el art. 16 de la Ley N° 26.075. En algunos casos no existe la página web respectiva”.

El panorama en las jurisdicciones provinciales es heterogéneo. Por ejemplo, seis no presentan información sobre presupuesto ni ejecución presupuestaria (Chaco, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego); cuatro presentan información sobre presupuesto y ejecución presupuestaria por finalidad y función actualizada (Córdoba, Chubut, Santa Fe y Tucumán); tres presentan información sobre presupuesto y ejecución presupuestaria por finalidad y función sin actualizar (Entre Ríos, Neuquén y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); dos presentan información sobre presupuesto y ejecución presupuestaria actualizada sin finalidad y función (Río Negro y Salta); dos presentan información sobre presupuesto sin ejecución presupuestaria (La Pampa y San Luis); y siete presentan situaciones disímiles (Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Mendoza y Santiago del Estero).

Dificultad para el control social

De toda esta situación se extraen dos conclusiones. La primera es que

para lograr el cumplimiento de las metas presupuestarias de la Ley de Financiamiento Educativo es necesario que la sociedad civil tenga control social mediante un monitoreo permanente de la ejecución presupuestaria de la Nación y de las provincias.

“Hoy resulta imposible desarrollar este monitoreo ante la falta de información disponible en la mayoría de las provincias, lo que vulnera el art. 16 de la Ley N° 26.075 referido a la publicidad de la información sobre financiamiento educativo”, revela aquel informe.

Por otra parte, si la información no está disponible durante el mismo año de ejecución, sólo dos años después -cuando el Gobierno Nacional realiza el ejercicio de consolidar los presupuestos provinciales- se podrá conocer fehacientemente si se cumplió con las metas de inversión educativa establecidas en la ley. “Probablemente entonces sea tarde para concientizar y responsabilizar a los actores políticos para cumplir con las metas”, advierte aquél.

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La ejecución presupuestaria educativa no está en Internet

La ley N° 26.075 obliga a la Nación y a las provincias a subir a la web información sobre el gasto en educación. El objetivo es que los ciudadanos puedan monitorear si se cumplen o no las metas presupuestarias que fija la norma.

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