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De Nicolás Avellaneda a Daniel Filmus

Por Armando Raúl Bazán

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17 de octubre de 2006 - 00:00
Hasta la puesta en vigencia de la Ley Federal de Educación Nº 24.195/1993, la política educativa de nuestro país tuvo una sólida cimentación histórica.

Ella tuvo principio por inteligentes iniciativas de esclarecidos estadistas que gobernaron la nación y las provincias en la segunda mitad del siglo XIX y que dieron forma a un sistema orgánico para los niveles primario, secundario y de capacitación profesional. Colegios nacionales en la presidencia de Mitre, escuelas normales en las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, más tarde escuelas de Comercio y escuelas Industriales.

Por lo que atañe a garantizar la instrucción gratuita y obligatoria en el nivel primario, corresponde señalar que las provincias se adelantaron a la nación. La ley precursora fue sancionada en Catamarca el 2 de noviembre de 1871, que adoptó un sistema descentralizado con la creación de un fondo propio y la constitución de comisiones departamentales, responsables de administrar esos recursos y asegurar el funcionamiento y la creación de nuevos establecimientos.

La provincia de Buenos Aires dictó la ley de la materia en 1875 siendo Sarmiento director general de Escuelas y la nación la promulgó en forma de ley 1420/1884.

A comienzos del siglo XX, el senador Manuel Láinez quiso solucionar el problema de las provincias que no podían, por razones presupuestarias, disponer de creaciones de escuelas primarias en lugares apartados del medio rural y logró la aprobación de la Ley 4874, a la cual se acogieron muchas provincias para remediar esa carencia que ponía en riesgo el cumplimiento de la obligación que les imponía la Constitución Nacional, art. 5º.

Quienes nos hemos beneficiado con la escuela pública a partir de los años treinta podemos atestiguar que ella funcionó con eficacia asegurando a los niños y jóvenes una educación de calidad. En el nivel primario tuvo como actores responsables a maestros de ambos sexos, formados en las escuelas normales con capacidad pedagógica y animados de la mística normalista para cumplir con su destino profesional en cualquier rincón de la geografía nacional, hasta los más inhóspitos.

Esas escuelas primarias, urbanas y rurales, funcionaban bajo la jurisdicción de las provincias o de la nación, conducidas por órganos de gobierno constituidos con esa competencia específica y con cuerpos de inspectores compenetrados de su responsabilidad de seguimiento y orientación. Puedo atestiguar que la visita de esos visitadores o inspectores -todavía no se los denominaba supervisores- era todo un acontecimiento según la vivencia de maestros y alumnos.

En el orden nacional, funcionó hasta 1978 el Consejo Nacional de Educación, dirigido por notables personalidades de la cultura como Juan P. Ramos y Juan B. Terán. De él dependían las Inspecciones Seccionales de Escuelas Láinez, creadas a partir de la promulgación de la Ley 4874. Ellas fueron atendidas por funcionarios de carrera que hicieron todo el cursus honorum desde maestro de grado hasta llegar al cargo de visitador y con la expectativa de culminar como titulares de Inspección Seccional.

Por lo que concierne al nivel de enseñanza media, el Ministerio de Educación de la Nación tuvo como órgano de gobierno y de supervisión a la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior de quien dependían los establecimientos más acreditados con sede en las provincias: escuelas normales, colegios nacionales, escuelas de comercio y los institutos del profesorado que formaron excelentes profesores en las distintas materias en los planes de estudio.

El más antiguo y que sirvió de modelo para otras creaciones posteriores fue el Instituto Nacional del Profesorado, fundado en 1905 por Joaquín V. González, a la sazón ministro de Instrucción Pública en la presidencia de Manuel Quintana. El Instituto de Catamarca, creado por Ley Nº 12.765, obtuvo notable convocatoria regional con una matrícula integrada por alumnos de las seis provincias del Noroeste y sus egresados, de reconocida competencia, fueron requeridos por los establecimientos secundarios de todo el país, desde La Quiaca hasta la Patagonia.

¿Qué pasó después? La voluntad de cambio en la política educativa determinó que en 1970 se suprimieran las escuelas normales que habían acreditado indiscutiblemente competencia para la formación del magisterio y de cuyas aulas surgieron no solamente buenos maestros sino también personalidades relevantes de la cultura nacional.

A guisa de ejemplo, podemos mencionar que de la Escuela Normal Regional de Catamarca salieron con este modesto título figuras como Arturo Marasso, eminente profesor de la Universidad Nacional de La Plata, y Juan Alfonso Carrizo, notable investigador del folclore y autor de los cancioneros populares de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja.

La misión de las escuelas normales fue asignada a los bachilleratos con orientación pedagógica. El cambio no respondió a las expectativas que concibieron sus promotores, tanto por los contenidos formativos cuanto por la mística pedagógica, y de ese modo la educación argentina se fue quedando progresivamente sin maestros, resintiéndose la calidad educativa.

En 1978, una decisión política del gobierno de facto resolvió transferir todas las escuelas del sistema Láinez a las provincias.

La medida tenía sustentabilidad constitucional (art. 5 de la Constitución Nacional), pero significó revertir súbitamente un proceso de setenta años que puso en cabeza de las jurisdicciones provinciales absorber una cantidad de escuelas para cuyo manejo no estaban preparadas.

Los números son elocuentes: en Catamarca funcionaban 290 escuelas Láinez y había 115 de jurisdicción provincial. En tales condiciones, era imposible organizar de la noche a la mañana un sistema de supervisión que garantizara el apropiado seguimiento de los establecimientos Láinez conducidos por la Inspección Seccional con experiencia acreditada.

La política educativa nacional tomó un rumbo al parecer definitivo con la sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 en la presidencia de Carlos Saúl Menem.

Se habló enfáticamente de la “transformación educativa”, que significó crear la figura de un ministerio de educación sin escuelas, sin colegios y sin profesores, y transferir toda la responsabilidad de su gobierno a las jurisdicciones provinciales.

Cada provincia organizó como pudo una estructura de gobierno y supervisión para atender una impresionante cantidad de establecimientos de todos los niveles. Pero, también, se aprobó una nueva currícula que estructuró de manera diferente los niveles de la enseñanza: la Educación General Básica con 9 años de duración y un Nivel Polimodal de tres años, que teóricamente debía preparar a los alumnos para optar entre una salida laboral y su ingreso a las carreras universitarias.

Al cabo de poco más de diez años los mentores del nuevo sistema, los mismos que asesoraron a la ministra Susana Decibe y fueron seducidos por modelos extranjeros para cambiar la política educativa, dicen ahora y lo admiten implícitamente que el nuevo sistema ha fracasado y que es necesario elaborar una nueva ley de educación federal. Estamos embretados en un proceso de consultas y encuestas que, según se argumenta, servirán de base para la formulación de la nueva legislación.

Nos hemos apartado de la tradición educativa argentina cuyos resultados dieron prestigio al país en el concierto de Hispanoamérica para lanzarnos en una escalada de cambios que, según mediciones responsables, rebajaron la calidad de la educación.

Por de pronto, el Nivel Polimodal ha fracasado toda vez que no alcanza para dar capacitación laboral y menos para preparar a quienes aspiran a ingresar a la universidad. Los resultados de los exámenes de ingreso así lo demuestran.

En mi sentir, las conclusiones de este proceso están a la vista. En materia de política educativa no caben improvisaciones o las rupturas con una tradición cimentada a través del tiempo.

El nuevo cambio que se propugna ¿contribuirá realmente al “fortalecimiento de la identidad nacional atendiendo a las idiosincrasias locales, provinciales o regionales” y a dar participación efectiva en el quehacer educativo a la familia, a las provincias, los municipios, la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas…? Estos postulados están incorporados en forma taxativa a la ley que se procederá a derogar pero no tuvieron efectivo cumplimiento.

Nosotros nos preguntamos, ¿la nueva ley que se prepara rescatará la senda de la experiencia o será la elucubración teórica de los expertos del Ministerio de Educación? Un colega que comparte mi preocupación sobre la materia barrunta que la intencionalidad de los promotores del cambio tiene una carga ideológica inconfesada.

En caso de confirmarse ese pronóstico, la política educativa del Estado nacional tendría la efímera vigencia del cambio que se adoptó en 1993 con la Ley 24.195.

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