Justicia por mano propia: comienza el juicio contra los hermanos Ponce

En mayo habían ofrecido $80.000 para la probation, pero el Tribunal rechazó el pedido.

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A poco más de un año de la muerte de Gastón Gabriel Castro (19), en un polémico hecho de ‘justicia por mano propia’, está todo listo para que Gabriel y Ángel Ponce, ambos hermanos, se sienten en el banquillo de los acusados de la Cámara Penal de Segunda Nominación. Los hermanos Ponce están imputados por el delito de “homicidio preterintencional.


En la madrugada del miércoles 18 de abril del año pasado, los hermanos Gabriel Ponce (20) y Ángel Ponce (25) estaban durmiendo en su casa del barrio San Jorge, en la zona sur de la ciudad. 


De pronto, se despertaron por los ladridos de los perros y el grito de "hijos de puta" de su hermana, quien miraba desde la ventana. Tres sujetos, entre ellos Gastón Gabriel Castro (19), habían intentado abrir los dos vehículos que estaban estacionados al frente de la casa, ubicada en la esquina de calles Guillermo Correa y Dermidio Narváez. Los hermanos salieron a buscarlos en una motocicleta. Gabriel tenía un rifle de aire comprimido calibre 5.5. Al llegar a la esquina de Entre Ríos y Río El Tala localizaron a Castro, quien recibió un impacto de bala en la línea axilar anterior del lado derecho. Cayó al suelo y los hermanos lo cargaron y lo llevaron hasta el frente de su casa, en donde minutos después murió.


El debate por esta muerte estaba previsto para realizarse en mayo pasado. En ese entonces, los hermanos Ponce solicitaron al Tribunal el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, más conocida como ‘probation’. Ofrecieron $80.000. Sin embargo, el fiscal Gustavo Bergesio se opuso al pedido.


El representante del Ministerio Público Fiscal había considerado, al oponerse al pedido, que en los casos de justicia por mano propia, como éste, deben ser juzgados. “Eso deja una enseñanza en la sociedad para evitar que esta enfermedad se propague”, alegó. Al mismo tiempo, advirtió que si este caso se juzgare y comprobasen los hechos, se pediría prisión con cumplimiento efectivo.


Los familiares de Castro se habían manifestado frente al Tribunal, a la espera de la concreción del debate. Tras informarse sobre la decisión de los jueces, cesaron en su reclamo.


Luego de tres semanas de presentado el planteo, el 18 de junio pasado, los magistrados de la Cámara Penal de Segunda Nominación Jorge Álvarez Morales, Rodolfo Bustamante y Luis Guillamondegui dieron a conocer el veredicto: denegaron el pedido. De esta manera se fijó como nueva fecha de debate hoy. 


Los acusados contarán con el patrocinio del abogado Fernando Contreras. Según se adelantó, en la primera jornada se espera el testimonio de ocho testigos. La muerte de Castro tomó relevancia en la agenda mediática al considerarse que se trató de un hecho de ‘justicia por mano propia’. La investigación penal estuvo a cargo del fiscal de Quinta Nominación, Luis Baracat. 

Imputación

Los hermanos Ángel y Gabriel Ponce están imputados actualmente por el delito de “homicidio preterintencional”. De acuerdo con el artículo 81 del Código Penal Argentina (CPA), se impondrá reclusión de tres a seis años o prisión de uno a tres año al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable o a quien, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

 

Cambio de calificación

En los primeros momentos de la investigación, cinco personas habían sido arrestadas en primera instancia, entre ellas el padre de los hermanos Ponce, pero finalmente se supo que no había participado de la búsqueda y posterior ataque a Castro. Los hermanos Ponce quedaron detenidos e imputados por el delito de "homicidio simple", que según el Código Penal Argentino (CPA) prevé un castigo que va de los 8 a los 25 años de prisión. Casi ocho meses más tarde fueron notificados de su excarcelación. A principios de noviembre del año pasado, el fiscal de la causa, Luis Baracat, había clausurado la etapa de investigación y solicitó que los hermanos Ponce sean enviados a juicio.


En diciembre, el juez de Control de Garantías entendió que no habían tenido intenciones de matar a Castro e hizo lugar al pedido de la defensa y les morigeró la acusación por la de "homicidio preterintencional", que tiene una pena que va de los tres a los seis años de prisión. Tras recibir la notificación, los hermanos fueron excarcelados por lo que esperaron el juicio oral en libertad.

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